Miguel Rivadeneira

La crítica internacional

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28 de May de 2012 00:02

Las observaciones internacionales, además de las nacionales, en torno a los altos niveles de impunidad en la administración de justicia, las amenazas contra la seguridad interna, la presencia del narcotráfico y de redes de trata de personas, entre otros males, debe llamar la atención a todos para lograr, por lo menos en esto, un trabajo conjunto y eficaz frente a una realidad inocultable. No se trata de cuestionar a una administración sino de mirar más allá el peligro de las amenazas a la sociedad y la manera cómo afectan a la vigencia de una plena democracia.

Con ocasión del informe nacional presentado la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, que mereció aplausos en torno a la obra social pero reparos, cuestionamientos y dudas en materia de justicia y libertades, debiera hacerse la lectura correcta, valorar los derechos, respetar la crítica y demostrar tolerancia, parte de una democracia. Se necesita un trabajo conjunto de todos para enfrentar los males y a los verdaderos enemigos que hacen daño a la sociedad.

Debiera evaluarse los resultados que obtiene el Ecuador en estos temas, los altos niveles de impunidad y la falta de independencia en materia de justicia, que consagra la Constitución. Qué se saca con una buena obra social si existe impunidad e inseguridad, que generan desconfianza en la ciudadanía.

Con datos oficiales de la Subsecretaría de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior se corrobora la impunidad. Tanto en las indagaciones previas cuanto en la administración de justicia se evidencia esta situación en el delicado tema de trata de personas. Durante los dos últimos años (2010-2011) se presentaron 199 casos de trata de personas descubiertos por la Policía, de los cuales solo 11 fueron a instrucción fiscal y de esos solo 5 llegaron a sentencia. Este dato debe avergonzar si se presenta en el exterior, que refleja una situación dramática en un tema en el que se pone en juego la vida de personas y de manera especial de mujeres y menores de edad.

Lo grave es que en los procesos de indagación previa la principal denuncia ha sido que en delitos flagrantes se cambian las figuras legales para atenuar las acusaciones en los casos que se siguen porque la mayoría termina en nada, como evidencian los datos oficiales. Esto genera indignación e impotencia frente a la lenidad de las autoridades responsables.

De qué ha servido casi un año en este proceso de transición si persisten juezas, jueces y fiscales protegidos por haberse allanado a los designios del poder, haber complacido con sentencias que ni siquiera hasta hoy han sido esclarecidas o tener alguna vinculación directa o indirecta, mientras otros fueron sacados sin dilatorias incluso por haberse atrevido a calificar de “jueces golondrinas”.