Cuando se presentan dificultades, afloran las posiciones extremas y la falta de objetividad. La situación complicada tanto de las finanzas públicas como del sector externo de la economía obliga a tomar medidas.
No hay como cruzarse de brazos y esperar que los acontecimientos tornen la situación inmanejable. La imposición de las llamadas salvaguardas tiene ventajas y desventajas. Protege a la producción nacional, restringe las importaciones y evita así la mayor salida de divisas, alivia la situación deficitaria de la balanza comercial y de la balanza de pagos. Por supuesto que causa dificultades, perjuicios e incomodidades.
La actividad económica disminuirá, el riesgo de que se pierdan empleos existe, subirán los precios de los productos a los que se impusieron las salvaguardas y también de otros, por razones económicas y por especulación y el consumidor se privará de escoger a voluntad.Lo importante es poner en una balanza los activos y los pasivos de la medida y observar, objetivamente, qué es lo que conviene al país en su conjunto. No sólo al Gobierno o a los importadores o a los productores o a los comerciantes, individualmente.
Claro que para eso se requiere apertura y tolerancia. Para no pintar el panorama como apocalíptico, por un lado, ni para ignorar las consecuencias y la realidad, como que estuviéramos preparados para afrontar un precio de USD 20 el barril de petróleo, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. La falta de objetividad, de lado y lado, contribuye a agravar el problema.
Pueden hacerse mil análisis de las causas de la situación. Que hubo imprevisión, que se agotaron las reservas, que la concepción del manejo económico con excesivo gasto público produjo excesos y evitó previsiones para la mala época. Y que nos mal acostumbramos al derroche y la exageración. Todo eso puede ser cierto, pero el problema existe y hay que afrontarlo.
Sin desesperarse y cometer errores que pueden ser fatales, que obliguen a endeudamientos inconvenientes al 10,5% de interés o debiliten al sistema de seguridad social desconociendo las obligaciones del Estado y eliminando su precisión en la ley en trámite. A más de la tremenda injusticia con los asegurados, la quiebra de los sistemas de seguridad liquida la economía de los países.
Uruguay colapsó porque la seguridad social quebró en el siglo pasado. Y los problemas económicos agudos de varios países europeos pasan también por ahí. No comprenderlo y actuar en consecuencia tiene una responsabilidad histórica que está sobre cualquier circunstancia, política, económica o electoral.
Las medidas adoptadas, por sí solas, no resolverán el problema, que se complica por el año electoral que se avecina. Si no existe conciencia de la realidad en todos los actores, sin dramatismo, verdadera disciplina fiscal, austeridad, apertura de mente, el sacrificio no será sino un parche que agrande el hueco, con imprevisibles consecuencias.