Diego Araujo Sánchez

Crimen de Estado

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El Fiscal General, Paúl Pérez Reina, ha calificado como crimen de Estado el presunto secuestro a Fernando Balda en Bogotá, delito en el que participaron, en agosto de 2012, agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Policía y para el cual se utilizaron recursos públicos. Tras vincular en el caso al ex secretario de la Senaim, Pablo Romero, y al ex director de Inteligencia policial, Fausto Tamayo, una jueza ordenó la prisión preventiva contra los dos ex funcionarios.

Utilizar personal y recursos públicos para cometer delitos es una acción de extrema gravedad. Se produce con ella una alteración perversa y de gran peligrosidad social: el Estado, cuya obligación es garantizar los derechos básicos de sus habitantes, se vuelve en contra de ellos y vulnera esos derechos. Las leyes buscan proteger a los ciudadanos contra eventuales abusos y excesos de las autoridades; sin embargo, dictaduras y regímenes autoritarios las manipulan para amedrentar o castigar a opositores políticos y proceden de forma abusiva.

Balda, ex asambleísta alterno y opositor al anterior Gobierno, fue víctima de un intento de plagio. Había salido hacia Colombia cuando pesaban sobre él una condena por supuestas injurias contra Correa y una orden de prisión por atentar contra la seguridad del Estado. Fue deportado, y traído al país en avión oficial para cumplir la condena. Sin embargo, la denuncia de su secuestro permaneció congelada hasta hace poco en la Fiscalía.

¿De dónde provino la orden para desplazar agentes de la Senaim a fin de perseguirlo e intentar un secuestro que se frustró por intervención de policías colombianos? ¿Qué intereses se ocultan en este insólito caso que ha terminado por ser reconocido como un crimen de Estado?

Para Balda, “la escala de mando del secuestro llega hasta el despacho del ex presidente Correa”, que rindió ya su testimonio por videoconferencia ante la Fiscalía y dijo no conocer nada sobe el tema. Cuando pastoreaba la declaración del ex mandatario, Alexis Mera reconoció que pudo tratarse de un exceso policial.

Urge una indagación seria y objetiva sobre tan grave caso. Un crimen de Estado no debe quedar en la impunidad.

Pero, más allá del repudiable hecho, el país requiere una exhaustiva rendición de cuentas de la Senaim, que dependía de la Presidencia de la República. Con razón, Lenin Moreno dispuso la eliminación de la Secretaría de Inteligencia y esgrimió para adoptar esa decisión, entre otras razones, un clamor ético de la ciudadanía. Si se utilizaron recursos humanos y materiales del Estado para cometer un delito, ese organismo se halla bajo sospecha. ¿Cómo y en qué se gastaron sus millonarios recursos? ¿Se cometieron otros actos ilícitos contra opositores políticos? ¿Quiénes responden penalmente por ellos?

daraujo@elcomercio.org