Jorge León

El CPSCS mata la participación

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La propuesta del referéndum sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lejos de ayudar a una solución sobre la participación ciudadana, agrava la situación y complica la votación sobre este “quinto” poder. Varios proponían su eliminación o, al menos, la modificación de sus funciones y procedimientos y, por lo mismo, favorecer más bien el ejercicio de la participación. La propuesta de elegir sus miembros en voto universal le da más legitimidad al CPCCS y complica la votación referendaria, pues el “no” ratificaría la situación actual y los nombrados por este Consejo (CNE, Fiscalía, Contraloría..), el “sí” viene con la trampa de volverlo intocable.

El CPCCS fue el instrumento que AP y Correa utilizaron para impedir y controlar la participación ciudadana y anularon el rol decisivo de peso y contrapeso al poder que debía ser.

El CPCCS no vio nada de corrupción, nada de abusos de poder o de impedimentos a la participación. El quinto poder fue la novedad de las innovaciones políticas del socialismo del siglo XXI, comenzado en Venezuela, arrebató funciones a la representación política, al legislativo, sin que favorezca el contrapeso ciudadano.

A las instituciones hay que concebirlas para las malas y las buenas, no en simple definición ideal. Vimos ya que el escenario Correa era el más destructivo de la participación. Si se quiere favorecerla hay que comprender su dinámica. Ricos y pobres participan según sus necesidades e intereses, lo que varía en el tiempo. Si se le institucionaliza (CPCCS o lo que está en gobiernos locales), termina siendo objeto de reglamentaciones y procedimientos que limitan la participación.

Con la tradición hispánica del reglamentismo, el ciudadano se siente distante del ejercicio de ese derecho, es un modo de acabar con la participación.

En Europa esta institucionalización favorece a los poderes de facto, los grupos más permanentes que generalmente no son los populares sino los profesionales o los empresarios. Para esta participación se necesita tiempo, recursos, inclusive especialistas. La participación termina siendo propia de grupos corporativos, no del sector popular, sin que se logre crear un contrapeso ciudadano mayoritario al poder.

El CPCCS debería ser reorganizado en sus funciones y atribuciones para que su voz adquiera autoridad, no carcomiendo las funciones del sistema de representación, sino por una ética ciudadana, distante del poder. Una voz ciudadana plural, que crea sociedad civil, que asume principios y derechos, por encima de intereses particulares, gobierno o partido alguno. Al volverlo parte del sistema político institucional, con funciones complejas (nombrar autoridades de control...) la manipulación puede llegarle fácilmente.

jleon@elcomercio.org