Daniela Salazar

Se busca defensor

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Las autoridades deben ser juzgadas no sólo por sus acciones sino también por sus omisiones. En tal virtud, la evaluación que el CPCCS transitorio realice de las autoridades designadas por el Consejo cesado no puede pasar por alto la gestión del Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo desempeña una función decisiva en la promoción y protección de los derechos humanos. En Ecuador, la Defensoría tiene un aparato institucional gigante, cuenta incluso con 8 delegaciones en el exterior, y está dotada de herramientas para tutelar de manera efectiva los derechos. La Constitución le autoriza –entre otros- a patrocinar, de oficio o a petición de parte, acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, así como a vigilar el debido proceso en causas judiciales. La Defensoría goza de espacios de participación ante los distintos Comités de la ONU así como en el examen periódico universal. A pesar de su amplio mandato, en una década marcada por graves violaciones a los derechos humanos, nos acostumbramos a su ausencia.

No es que no pudo, es que no quiso. En aquellos casos que no involucraban a las más altas autoridades del Estado, la Defensoría demostró tener facultades para avanzar importantes causas. Su actuación comprometida con los derechos en casos como Satya –por poner un solo ejemplo- contrasta con su silencio y complicidad en casos que tocaban al poder político. Traten de recordar cualquiera de las violaciones de derechos humanos de la última década, desde la persecución por el 30S a las amenazas a activistas y opositores, pasando por todas las violaciones a la libertad de expresión. Traten ahora de recordar: ¿dónde estuvo la Defensoría del Pueblo? Ausente.

Su ausencia no fue casual. El actual Defensor fue nombrado en 2011, a pesar de impugnaciones en su contra. Hasta entonces, había sido asesor de Gustavo Jalkh en los Ministerios de Gobierno y de Justicia. En 2017 ocupó el primer lugar en uno de los sospechosos Concursos que adelantó el Consejo cesado. Su afinidad con el gobierno anterior fue tan poco disimulada que en su rendición de cuentas de 2017 no tuvo empaño en plantear “su honda preocupación por el eventual debilitamiento de la institucionalidad democrática, construida con esperanza desde el 2008”.

Es imperativo restablecer el rol de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos. Para que la ciudadanía retome la confianza en esta institución necesitamos un Defensor que goce de independencia y autonomía. Que nos hayamos acostumbrado a su silencio no puede conducir a que el Defensor pase de agache en la evaluación del CPCCS transitorio. Tal evaluación debe ofrecer garantías de debido proceso, y un eventual nombramiento debe contar con la participación pluralista de la sociedad civil. ¿Nombres?