La coyuntura de la discusión jurídico-política de las enmiendas constitucionales puede ser empleada para esconder el incumplimiento de ciertos elementos fundamentales del discurso con el que la “revolución ciudadana” inició su vida pública y que se usó para impulsar una supuesta “refundación” del Estado.
El primer elemento dejado de lado es la idea de que los derechos son vínculos y límites al poder, la misma idea del garantismo ha quedado en entredicho por el realismo de una política que se evidencia como orientada a incrementar y mantener el poder; el objetivo, al margen de que el Presidente se presente o no a la reelección, es mantener el “proyecto político” y para ello no han dudado en impulsar una reforma constitucional.
La noción del estado de derechos y de justicia ha quedado relegada en los discursos presidenciales. Para explicar los procesos judiciales y el uso del derecho penal se utiliza la referencia al “Estado de derecho”, un molde en el que, como sostienen algunos autores, se puede fundir oro o plomo. Ese discurso, el de los derechos, ha sido usado para fundar acciones incluso de carácter restrictivo, llegando al absurdo de presentar la reelección indefinida como una vía de ampliación de derechos y para superar una supuesta discriminación en contra de quien ya no podría ser reelegido bajo las reglas que asumió el cargo, un argumento que desdibuja por completo un concepto que tiene un alcance concreto y que cuando se produce afecta de forma dramática la vida de millones de personas.
La “revolución” también ha reducido a un mero ejercicio discursivo la afirmación de que se promovía una democracia participativa, incluso directa porque el pueblo supuestamente tomaría parte en todas las decisiones de trascendencia. Se afirmó que lo consultarían “cuantas veces sea necesario”, algo que desapareció cuando la posibilidad de perder con los votos se hizo patente.
El “participar” es un proceso vacío en la actualidad. Usando la “escalera de participación” (propuesta de Sherry Arnstein y adaptada por Roger Hart), un instrumento de gran utilidad para medir los diferentes grados de involucramiento de los ciudadanos en los temas de interés público, se puede afirmar que el oficialismo ha colocado a los ciudadanos en los escalones más bajos, esos que se consideran como “falsa participación”: “manipulación”, las personas son utilizadas para apoyar formalmente acciones que no entienden o no responden a sus intereses; son usados con un fin “decorativo”, cuando los ciudadanos son usados como “fondo” de las reuniones políticas o de público en las “socializaciones”, o como la llama Arnstein “terapéutica” porque estos espacios son usados para “educar” a los participantes; o se reduce a un uso “simbólico”, aparentando una inclusión en las actividades, algo que no se concreta en ningún decisión de relevancia.
Al final de cuentas en este proceso unos políticos han reemplazado a otros, porque cada vez es más claro que esto tiene poco de ciudadano y mucho de burocrático.