Farith Simon

¿Y la Corte Constitucional?

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Modificar la Constitución es necesario, indispensable, si se quiere superar normativa y políticamente al hiperpresidencialismo que vivimos (más allá de la personalidad del Presidente) y sentar bases sólidas para una reinstitucionalización del país.

Una reinstitucionalización que pasa por restablecer los equilibrios institucionales y asegurar la independencia de los poderes públicos y que, en unos pocos casos, podría lograrse cambiando a las personas que ejercen un control partidario, muchas de esas personas llegaron a una posición precisamente por su compromiso con un partido o con una persona, no por sus méritos (cualquiera que estos sean). La mayoría de cambios depende de transformaciones institucionales, ya que muchas son las entidades, organismos y cargos creados en estos años. Miles de nuevas posiciones, funciones y cargos burocráticos resultan ser el mejor ejemplo del enfermizo afán por controlarlo todo.

La situación ha dejado en claro que no se puede contar con la Asamblea para promover desde allí los cambios legales o constitucionales necesarios. En estas semanas la mayoría, que milita en Alianza País, ha tenido una actitud errática, pero ha dejado en claro que defenderán el legado, mientras no cambien las condiciones de manera dramática. La señal más negativa ha sido que, a pesar de las abrumadoras evidencias de que la corrupción es una práctica extendida y no excepcional, su posición es de una tibieza que raya en la complicidad.

El grueso de las transformaciones requiere de modificaciones constitucionales que dependen de la intervención de la Corte Constitucional, instancia fundamental en la acumulación del poder por parte de AP.

La Corte está conformada de acuerdo con el patrón general de designación de cargos durante el correísmo: la mayoría parecen haber sido electos más por su cercanía política que por sus calificaciones. Revisen los nombres, la mayoría de jueces constitucionales tienen como credencial principal su cercanía con el régimen o haber ocupado posiciones en las instancias creadas en la época de la supuesta “refundación”.

Se dirá que todos fueron electos mediante un proceso público, con méritos y oposición, pero no debemos perder de vista que los candidatos tuvieron origen en funciones del Estado controladas por AP y la selección estuvo a cargo del desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana. Este antecedente pone en entredicho los nombramientos que pasaron por esa instancia y la famosa Comisión Calificadora, cuya presidenta ahora es jueza constitucional.

Siempre podremos esperar que el compromiso partidario de los jueces constitucionales sea menor a su compromiso con el país, caso contrario el Presidente deberá llamar a una constituyente, incluso asumiendo los riesgos políticos, porque esto sería preferible a la inmovilidad provocada por la defensa del statu quo de quienes ocupan cargos importantes, no por sus méritos, sino por su obsecuencia.

@farithsimon