Marco Arauz

Los corruptos y los políticos

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Han pasado 9 días desde que se desató, con bastante tardanza, la tormenta Odebrecht sobre el Ecuador. Tras las acciones fiscales y policiales apoyadas por el Gobierno, parece que llegó la hora de hacer las cuentas antes de seguir. ¿En qué andamos en este momento?

En países con probada independencia de poderes, el sistema judicial sigue su propio camino y no espera las pausas electorales o los cálculos políticos y partidistas. En países como el Ecuador, la fiscalización usualmente ha sido administrada por quien está en el poder. Un caso difícil para un gobierno de continuidad como el de Lenín Moreno.

Veamos los hechos de la semana.La Asamblea apuntó con todo contra el reelegido contralor Carlos Pólit, quien está fuera del país con licencia y es indagado por concusión por la Fiscalía. El subrogante, Pablo Celi, se negó a dejar el despacho y ofreció ayuda en las indagaciones. Su visita a la Asamblea, con un cerco policial, fue su investidura simbólica, hasta el improbable retorno del titular.

Pese a la reticencia de varios asambleístas del oficialista AP, el presidente de la Asamblea, José Serrano, desbloqueó la comparecencia del vicepresidente Jorge Glas, algo que este último, por lo demás, dijo estar absolutamente dispuesto a hacer. Por ahora irá a la Comisión de Participación Ciudadana. Quien se mueve con tanto celo detrás de Glas, ¿cuánto poder político tiene?

En el camino aparecieron dos nuevos temas de investigación para la Fiscalía: el primero, el caso de la empresa Caminosca, una contratista que recibió proyectos de estudios y fiscalización de importantes obras de infraestructura en el país y que, según los denunciantes, entregó coimas a funcionarios gubernamentales. Los datos provienen de un juicio que se sigue en Florida, EE.UU.

El segundo, la posible configuración del delito de delincuencia organizada en la contratación de la construcción del Metro de Quito, por USD 1 548 millones, a cargo del consorcio Acciona-Odebrecht. La indagación previa de la Fiscalía se inició en enero, mes en que María José Carrión, legisladora de AP, presentó una denuncia contra el alcalde Rodas (Suma).

Sin olvidar la promesa de la ONU de apoyar la lucha contra la corrupción, el capítulo final de la semana fue el regreso del fiscal Carlos Baca de su segundo viaje a Brasil, para recoger nuevas pruebas a partir de un acuerdo con Odebrecht -a través de la Fiscalía de ese país- en el que se respeta la reducción de penas a cambio de beneficiarse del resultado de las delaciones. Más que la garantía de que no habrá impunidad para exfuncionarios extranjeros, importa saber qué pasará con nuestros corruptos, con quienes recibieron coimas con un dinero que ciertamente no proviene de los corruptores, como peregrinamente se decía. Después del reparto de naipes, hay que jugar la mano. El país observa.

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