2 de August de 2010 00:00

Entre corrupción e impunidad

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Miguel Rivadeneira Vallejo

Al menos en esta última etapa democrática (de agosto del 79 hasta ahora) tenemos que lamentar que la corrupción y la impunidad, 31 años después, no solo que sigue, crece y se profundiza, en medio de la desidia de las autoridades de control, de la indagación penal y la administración de justicia, con la complicidad del órgano disciplinario, y de la Asamblea, que tiene proscripto el juicio político y no puede limitarse solo a pedir informes y comparecencias cuando existen casos alarmantes.

Esto constituye una pesada carga para el país, que se responde con discursos, protagonismos mediáticos, justificativos, acusaciones al resto y hasta bravuconadas, menos asumir una tarea de autocrítica, especialmente de quienes dirigen los entes de control y de la administración de justicia e indagación penal. Incluso, algunos ya piensan en ser reelegidos en los procesos del Consejo de Participación Ciudadana. El contraste, en Perú, su presidente Alan García acaba de admitir que la corrupción daña a su gobierno.

Resulta vergonzoso revisar los hechos de corrupción e impunidad. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales a pedido de la ONU, Philip Alston, quien visitara el país y que goza de gran respeto a nivel mundial, en su informe señala que solo el 1,3 % de las muertes denunciadas a la Policía terminaron con sentencia condenatoria e incluso que esta tasa está sobre estimada, que sería menor al 1 % y que daría al Ecuador una de las más bajas en el mundo. La reacción de la autoridad penal: criticar el informe porque no tiene, por qué venir a dar lecciones, en contraste con ministros que admitieron su legitimidad.

Hay tantos casos de corrupción que siguen en la impunidad, como hubo en el pasado. Las irregularidades en la Secretaría del Deporte, involucrado directamente el Ministro, que goza de libertad. En la entrega de visas y documentos a extranjeros (cubanos). En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la contratación vial. En el tránsito, el SOAT y la entrega de licencias en forma fraudulenta como en el pasado. En el Ministerio de Salud la compra de furgonetas (ambulancias), que la propia Fiscalía detectara indicios de responsabilidad penal, pero curiosamente se deslegitima a quien firmara en la Contraloría el informe porque no tenía título. Y qué pasa con el resto de los cientos de informes restantes avalados por el funcionario? No debe ser materia de indagación previa penal el resto de casos? Por qué se exculpa solo a la ex ministra?

En el sector petrolero, las mismas autoridades denunciaron corrupción. Los famosos contratos de comunicación en los ministerios de Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda. Los casos crecen, la corrupción e impunidad campantes y no hay acciones contundentes que demuestren que aquí no se encubre.

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