Miguel Rivadeneira

La corrupción que asfixia

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Además de los serios problemas económicos que atraviesa el país, incluido el aumento del desempleo y subempleo, ha comenzado a preocupar con mayor intensidad los altos índices de corrupción que pese a la concentración del poder ha salido a luz pública.

Según una encuestadora local, este tema supera ya a la que fuera una preocupación ciudadana prioritaria: los niveles de inseguridad. 
La gente mira con incertidumbre, preocupación y rechazo cómo a funcionarios del sector petrolero –que han sido de carrera pero fueron designados en esta administración para altas funciones directrices- se les encuentra miles de dólares en billetes escondidos en tarros y hasta en los techos, además de bienes suntuosos, mientras existen trabajadores tristes que están en la desocupación.


Basta revisar los informes presentados recientemente en la Asamblea sobre determinadas investigaciones. En la empresa pública de petróleos se han establecido 42 informes con indicios de responsabilidad penal y de esos 38 casos corresponden a presunto peculado.

Solo por últimos contratos están indagadas 80 personas, entre funcionarios y contratistas, por corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos y hasta delincuencia organizada.

¿Será esto un caso aislado, como desde el poder se argumentara? ¿El que un funcionario público no declare todos los bienes acaso no cae en un posible perjurio?


A tal punto llega la repercusión de estos hechos, que no son inventos de la oposición ni de los medios de comunicación, que el candidato presidencial oficial, que debe cargar esta cruz a cuestas, se pronunciara por pedir la renuncia del titular de la empresa de petróleos, como una muestra de delicadeza, y ha planteado una comisión público privada, con hombres y mujeres muy calificados, que recepten denuncias, analicen y canalicen a quienes les corresponde investigar y sancionar. 


El país está lleno de comisiones y de consejos estatales, cuyas acciones han sido ineficientes. Basta ver los resultados. La Asamblea debe preocuparse más de la fiscalización y también pedir cuentas concretas de lo que ha hecho en esta materia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante más de cinco años, que tiene como primera obligación en la Constitución (art. 208) la “lucha contra la corrupción”.


Cada institución tiene que hacer sus tareas específicas y completas y no buscar justificativos ni denostar y perseguir a quienes han denunciado desde mucho antes graves actos de corrupción, que con el tiempo se han corroborado.

Allí están los resultados: unos presos y otros prófugos de la justicia. Además, debe recordarse que el art. 83 de la Constitución, numeral 8, establece que son responsabilidades de los ecuatorianos “denunciar y combatir los actos de corrupción”. Así se conmemorará el día internacional contra la corrupción, proclamado por la ONU el 9 de diciembre.