Pareciera que no hay motivos de preocupación cuando uno cuenta con popularidad, controla todo el aparato estatal, ha eliminado a la oposición y ha sofocado cualquier foco de protesta y, además, tiene en la mano una Ley de Comunicación para reducir más aún las posibilidades de rendición de cuentas.
Sin embargo, detrás de ese gran tinglado se adivina un drama por sostener un abultado y creciente presupuesto que hoy por hoy depende parcialmente de préstamos e ‘inversiones’ chinas pero que necesita refrescarse con la colocación de bonos de deuda en el mercado internacional.
El propósito se ve complicado a la luz del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de dejar de comprar bonos privados y de la desaceleración de la economía china. La sangre fresca pudiera provenir del crudo pesado guardado bajo tierra en el Yasuní-ITT, con reservas estimadas en 900 millones de barriles y que asegurarían una producción diaria de 100 mil barriles.
La frontera petrolera pudiera ampliarse con la exploración de los 18 bloques del suroriente, con reservas probadas de 170 millones de barriles. Asimismo, no estaría mal incorporar yacimientos mineros como Fruta del Norte que iba a explotar Kinross también en el suroriente. Pero precisamente la explotación de esos recursos está atravesada por la discusión de sustentabilidad social y ambiental.
El tema del Yasuní-ITT fue puesto en la palestra por el propio Gobierno. La historia de la extensión de plazos para dejar bajo tierra el crudo en una de las más importantes reservas de biósfera del planeta toca a su fin. En pocos días se pondrá a prueba la afirmación del ex ministro Alberto Acosta: si la iniciativa fracasa será por falta de voluntad del presidente Correa.
En cuanto a la exploración petrolera en el suroriente, la nueva prórroga de la licitación revela las dificultades para interesar a las empresas en una actividad que toca los derechos de las comunidades amén de la seguridad jurídica. Dirigentes indígenas insisten en que no hubo una consulta real y anuncian que usarán el derecho a la resistencia.
El Gobierno está atrapado en sus necesidades prácticas, al punto que el Presidente ha endurecido su discurso de que los derechos humanos están por encima de los derechos de la naturaleza. Pero la verdad es que ningún estado ni empresa seria quieren -ni pueden- pasarse por alto la ecuación de sostenibilidad social. En la región hay recientes ejemplos de proyectos que fracasaron cuando se quiso ignorar este principio.
Hay socios menos escrupulosos que pueden solaparse en contratos sin licitación, pero en el caso ecuatoriano la sinodependencia económica parece haberse sobrecalentado. También parece llegar a su fin un período de bonanza basado en un dólar que venía devaluándose. Ahora sí se pondrá a prueba el discurso de la sostenibilidad.