Un sacerdote católico publicó hace unos días en El Universo un atroz artículo en contra de gais y lesbianas. El texto está plagado de afirmaciones como que el “homosexualismo es una ideología”; que el matrimonio es una institución creada únicamente con el ánimo de la procreación y no de que dos personas que se amen compartan una vida en común; que hay que negarles el derecho a adoptar; o, la supuesta existencia de un “lobby gay” – que, si existiera, sería muy útil para la defensa de ese grupo largamente discriminado -.
El artículo es un digno producto de quien lo escribió, un razonamiento fruto de una visión dogmática, sesgada, prejuiciosa y cegada al avance del mundo, pero es una opinión al fin, con la que podemos estar o no de acuerdo. Una opinión que muchos piensan, incluso algunos defensores de DD.HH., que, por lo ofensiva, El Universo no debía publicar, aplicando la censura previa. Sí, así como lo lee.
Las normas internacionales de DD.HH. amparan la libertad de expresión y opinión irrestrictamente, no sólo de aquella que pueda ser recibida favorablemente, sino, y, sobre todo, de la que resulte ser controvertida, porque genera debate público, fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad. La censura previa es una violación a ese derecho y su único límite es la responsabilidad ulterior.
En ese sentido, puede ofenderme una opinión diferente a la mía, pero el derecho humano a no ser ofendido no existe. Lo que puedo hacer es expresar mi opinión y mi desacuerdo, y, si la encuentro calumniosa, puedo pedir que su autor responda judicialmente.
Cuando Rafael Correa enjuició a Emilio Palacio por un artículo que encontró injurioso, también demandó a El Universo por haberlo publicado, alegando una leguleyada denominada “responsabilidad coadyuvante”, que no era otra cosa que hacer responsable al medio y a sus directivos por no haber aplicado la censura previa. Como era de esperarse de un sistema judicial subyugado al Ejecutivo, el caso fue ganado por Correa en todas las instancias, pese a su absoluta contraposición a los DD.HH.
En 2012, Correa decidió “perdonar” a los acusados en el caso El Universo, manifestando que con ese juicio se logró demostrar que “los responsables no son solamente los malquerientes que no tienen nada que perder y se prestan a cualquier cosa por odio o dinero, sino también los directivos del medio, y el propio diario a través del cual se instrumentan las infamias”.
Así, para muchos de los que se sintieron ofendidos por el artículo de Ruiz Navas, la obligación del medio, por “responsabilidad social”, era censurarlo, evidenciando que, a pesar de una década de lucha constante contra las restricciones a la libertad de expresión impulsadas por el gobierno de AP, para esta gente, Correa ha tenido razón.