Sebastián Mantilla

Correa y la OEA

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Rafael Correa, en un intento desesperado por detener la consulta popular y tratar de debilitar al gobierno del presidente Lenín Moreno, ha acudido a la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con apoyo de Ricardo Patiño presentó ante esta instancia una demanda por “grave alteración del orden constitucional y democrático en el Ecuador”.

Las faltas que presuntamente habría incurrido el actual gobierno tendrían que ver con el proceso que se habría seguido para convocar a la consulta, así como el contenido de la misma. Al igual que antes, en que solían sustentar sus acciones y percepciones parcializadas de la realidad, argumentan que la consulta no podía convocarse sin previo dictamen de la Corte Constitucional y que ciertas preguntas serían inconstitucionales. Llama la atención que este pedido se haya presentado ante una instancia regional que el expresidente Correa siempre quiso debilitar. En su momento se refirió a la OEA como “inservible”, “colonialista”, “inconsistente”, “incoherente” y “de doble moral”. Entonces, si para el ex presidente la OEA no solo era esto sino que incluso respondía a los dictados de los Estados Unidos, razón por la cual debía fortalecerse la Celac, Unasur o Alba, ¿por qué motivo ha recurrido ante esta instancia?

Es también contradictorio que, cuando Correa y Patiño estaban en el poder, hubo casos que ameritaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Sin embargo, su argumento fue que la OEA “no puede intervenir en asuntos de la justicia del Ecuador y que no se podía trasladar a este órgano internacional las discusiones políticas internas”. Si lo que denuncia Correa es más de política interna que otra cosa, ¿por qué entonces la OEA ahora debería intervenir?

Si los argumentos de Correa carecen de peso, ni siquiera los aspectos de forma se cumplen. De acuerdo al Art. 20 de la Carta Democrática, quienes sí tienen la facultad de solicitar la intervención de la OEA son los Estados miembros. En este caso, Rafael Correa o Ricardo Patiño (quien firma la carta como ex canciller) no pueden hacerlo. Al contrario, quien debería presentarse ante la OEA no como acusador sino como acusado es el expresidente Correa, por ser responsable político de reiteradas violaciones a los derechos humanos, abuso de poder, ruptura de la Constitución y demolición del orden democrático. ¿Acaso ya nos hemos olvidado de quien se tomó la justicia? ¿De quien utilizó las instancias judiciales para perseguir a dirigentes indígenas y sociales? ¿Acaso nos hemos olvidado de la censura a la que fueron sometidos periodistas y medios de comunicación durante el período del correato? ¿Acaso debemos dejar de lado los sonados casos de corrupción que fueron facilitados por el debilitamiento del Estado de Derecho y la eliminación de controles necesarios en los procesos de contratación? De esto debería hablar Correa ante la OEA y ante una justicia independiente en el Ecuador.

smantilla@elcomercio.org