José Ayala Lasso

¿Copar la Corte de DD.HH.?

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El presidente Correa ha presentado la candidatura de un ecuatoriano para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya renovación parcial se prevé para el próximo mes de junio.

Esta decisión debe ser analizada a la luz de dos factores: la función propia de la Corte y la política de Rafael Correa sobre la protección de los derechos humanos.

No es necesario insistir en la importancia que han tenido y tienen -ahora más que nunca- los derechos de la persona.

Cuando cuestionables proyectos revolucionarios pretenden transformar las doctrinas democráticas de libertad y derechos, para acomodarlas a los intereses pasajeros de un poder autoritario y absorbente, surge una ominosa perspectiva para los derechos humanos, que exige de todos la máxima vigilancia.

Muchos han sido los casos de desprecio a los derechos de la persona y de desconfianza en el sistema de protección creado por los pueblos de este continente. En su afán de imponer un programa que requiere el ejercicio de un poder absoluto, el Gobierno ha olvidado que la lucha por la dignidad de la persona, por definición filosófica y práctica política, debe ser entendida como un proceso de limitación del poder del Estado, en beneficio del ciudadano.

Correa ha procurado debilitar el sistema de protección de los derechos humanos, especialmente de la Comisión Interamericana. La testarudez del ministro Patiño, ante la falta de acogida para sus iniciativas, en lugar de inducirle a desistir de este propósito, le ha llevado a buscar métodos alternativos para aplicarlo. No pudo debilitar las competencias de la Comisión Interamericana, obstaculizar su financiamiento o cambiar su sede. Ahora pretende tener injerencia en la Corte Interamericana para alcanzar ese objetivo.

La Corte es componente esencial del sistema de protección, aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ejerce funciones jurisdiccionales y consultivas en la materia. Está integrada por siete jueces elegidos a título personal “entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnanlas condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales conforme a ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los propongan como candidatos”. Así lo dispone su estatuto.

Al haberse conocido el nombre del candidato de Correa, han surgido múltiples voces de oposición y cuestionamiento. Inclusive en Uruguay, se ha escrito que Correa desea “copar” la Corte, a la que acaba de obsequiar un millón de dólares, optando por una “financiación voluntaria” que condenó para la Comisión Interamericana. El candidato es alguien que “le responde sin chistar” a Correa, se ha dicho.

En estas circunstancias, ¿no cabría, por dignidad, una renuncia a tal candidatura?

jayala@elcomercio.org