Oswaldo Jarrín R.

Control del suelo

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22 de April de 2014 00:01

Columnista invitado La relación entre el Estado, ciudades y municipios debe establecerse con un enfoque geopolítico para el ordenamiento territorial, encadenando leyes, políticas nacionales y sus respectivos planes y proyectos que deben elaborarse para su implementación y rendición de cuentas, conforme establece la Constitución.

En una era de globalización el territorio nacional no es apenas una agregación de ciudades y espacios de suelo, a las que hay que tutelar y regular, basados en el control centralizado y el establecimiento de límites y deberes a la propiedad individual con prevalencia (probablemente se quiso decir prioridad) del interés general sobre el particular; conforme pretende el Proyecto de Ley Orgánica de gestión del Hábitat, uso del Suelo y la Vivienda.

La justa satisfacción de los derechos al hábitat y acceso universal a una vivienda digna no necesariamente tiene que cumplirse mediante un "particular modelo de desarrollo territorial", que debe llevarse a cabo con una directa gestión gubernamental, a la que los gobiernos locales deban sujetarse para la regulación de la ocupación, manejo y uso del suelo.

La solución no se encuentra en crear leyes, como fueron las de Indias, para microadministrar territorios, explicando paso a paso cómo los gobiernos de las colonias debían organizar la planta urbana de las ciudades, dimensiones de las plazas, cuadras, solares, ancho de vías y más regulaciones para garantizar las relaciones entre servicios, espacios y vivienda en la gestión del suelo urbano, o las leyes infructuosas creadas en nuestro país, para administrar y proteger áreas intangibles y de reserva.

Tampoco se solucionan los problemas territoriales creando entes administrativos, para dizque "fortalecer a los municipios desde el poder central", como la pretendida Junta Reguladora del territorio y del suelo.

El Estado no existe para fragmentar el espacio territorial, ni para enfrascarse en disputas entre centralización y descentralización, a pesar de pregonar un modelo de gestión descentralizado en la Estrategia Territorial del Ecuador del 2007, o con el Plan Estratégico de Movilidad que viene a incrementar la disputa por los puertos de aguas profundas, teniendo al de Manta desde el 2006 en un proceso dilatado de licitación.

El Estado es el responsable de la infraestructura del territorio nacional y su mantenimiento, como la red vial lo ha demostrado. Es responsable de la defensa, de la seguridad, de promover la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de ciudades y municipios que son "clúster", centros de atracción intergubernamental, empresarial, migratoria, de empleo, de talento humano para la productividad y el desarrollo socio-económico.

En la nueva gobernanza, la coherencia entre políticas y planes es vital para no correr el riesgo de entrar en un conflicto suma cero entre el Estado y los gobiernos seccionales; vale la pena reflexionar en el criterio de Beck, acerca de la "glocalizacion", para pensar globalmente y actuar localmente.