Farith Simon

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Muchas personas, promotoras de luchas históricas, han renunciado a una parte importante de sus reivindicaciones a cambio de lo que consideran, en un momento específico, un ‘avance’.

En la Asamblea Constituyente de Montecristi se produjeron muchas de esas renuncias. Así, grupos comprometidos con la eliminación de la discriminación por orientación sexual dejaron que se introduzca en la definición constitucional de matrimonio, la exigencia de pluralidad de sexos, al tiempo que permitían, sin denunciar o escandalizarse, que se prohíba expresamente la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Lo mismo pasó con parte del movimiento por los derechos de los niños, que durante años buscó el establecimiento de un sistema nacional descentralizado de protección y garantía de derechos, algo que se alcanzó en 1998.

En el 2008 admitieron, a cambio de una referencia menor al sistema en la Constitución, una centralización del poder en el Ejecutivo y con ello dieron paso a la eliminación de la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas, que, en la práctica, significó la desaparición del sistema por el que habían luchado tantos años.

Ahora el silencio proviene de una parte del movimiento feminista que, en el marco del debate a las reformas al Código de la Niñez sobre tenencia y alimentos, ha sumado su voz -o su silencio- a sectores conservadores, que defienden la pervivencia de la preferencia materna en la legislación. Es indiscutible que el proyecto original de reforma tenía una serie de errores, por ejemplo, la imposición de la custodia compartida o la rendición de cuentas en pensiones alimenticias con montos ínfimos, sin embargo, era la puerta para derogar aquellas normas que perpetúan la discriminación.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento central de la lucha por la igualdad, establece que los Estados Partes deben asegurar en todas las relaciones familiares condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, lo que incluye iguales derechos y responsabilidades en la tutela, curatela, custodia, adopción o cualquier otra institución análoga; asegurando que, en todos los casos, sean los intereses de hijos e hijas la consideración primordial.

Hace -casi- 70 años Simone de Beauvoir, en su libro ‘El segundo sexo’ (el texto más importante de la teoría feminista), dejaba en claro que cargas desiguales en el cuidado de los hijos eran una imposición cultural y por tanto cambiar esto es condición indispensable para asegurar la igualdad.

Al final este debate ha expuesto a muchos neomachistas que han aprovechado el tema para proyectar todos sus resentimientos y odios, y a muchas mujeres que, en nombre de los derechos, defienden reglas que perpetúan la discriminación y contribuyen a la pervivencia de los estereotipos. Este es un tema fundamental que nos debe convocar a debatir y construir colectivamente desde un enfoque de derechos humanos y de igualdad.