Marco Arauz

Consulte nomás, Presidente

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En estos meses, el número de acciones para desviar la atención sobre la economía supera el promedio normal. La iniciativa del colectivo ‘Rafael contigo siempre’ para ir a un referendo que permita la reelección del presidente Correa acaba de ser aprobada por el Consejo Electoral, con el visto bueno previo de la Corte Constitucional. Tienen un plazo de 180 días, pero aseguran que en 45 días completarán las 929 062 firmas requeridas.

De ganar el Sí, AP contaría no con dos, sino con tres candidatos para intentar retener el poder. Las promesas de alternancia del movimiento ante la crítica de que la reelección debía pasar por una consulta y no por una simple resolución legislativa, quedarían en nada. En el momento decisivo, AP mediría qué le conviene más y archivaría los discursos del cansancio mutuo de diez años. Por la Patria, todo.

Pero hay más tela que cortar. Si bien la antes socorrida consulta cayó en desuso, sobre todo después de que el Gobierno decidió bloquearla para un asunto crucial como la explotación petrolera en las inmediaciones del Yasuní, hoy se juega con la idea de consultar para que se rechace a los postulantes a elección popular que tienen capitales en paraísos fiscales.

Pregunta inevitable: ¿es siempre ilegal tener capitales en paraísos fiscales? No. Empresas y personas pueden haber decidido hacerlo con fines lícitos, igual que cuando alguien decide tener activos en cualquier parte del mundo. Tan legal como comprar bienes fungibles fuera del país, siempre que se cumpla con las leyes. Pero sobre esta base se está construyendo un discurso de traición a la patria.

Hace unos días, el Director del SRI anunció que ampliará la lista de los grupos económicos nacionales -ya no serían 61 sino 99- relacionados con paraísos fiscales. También informó que pedirá información sobre sus transferencias para saber si son legítimas o ilegítimas. Su conclusión no podía ser otra: es ‘traición artera’ usar ilegítimamente las off-shore y otras fórmulas no santas en una economía dolarizada.

En lugar de plantear una consulta que costará al menos USD 22 millones, ¿no es mejor investigar a empresas y personas y sancionarlas? Una persona que ha perdido sus derechos políticos no puede presentarse para un cargo de elección popular. Así de simple, pero se trata de levantar un discurso que, de paso, sirva para no dar las explicaciones sobre las off-shore que crearon algunos funcionarios.

Pero si se insiste en la consulta, debieran incluirse estas preguntas: ¿Cree que un funcionario debe tener una off-shore y no declararla? ¿Cree que se debe formar una comisión que investigue las implicaciones de los 'Panama Papers', ya que la Fiscalía anda por las ramas? ¿Cree que los enlaces deben ser reemplazados por verdaderas rendiciones? ¿Se debe calificar de ‘antipatria’ a un ecuatoriano que usa legítimamente una off-shore o que compra en Ipiales?