Juan Cuvi

Consulta popular

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26 de agosto de 2014 00:19

La consulta popular sobre la reelección indefinida plantea una interrogante crucial para la vida nacional: ¿Cuál es el sentido fundamental de preguntarle al pueblo sobre un tema que muchos interesados quisieran circunscribir al ámbito de la política?

Algunas voces han querido establecer una supuesta diferencia entre la “socialidad” y la “politicidad” de ciertos asuntos públicos. Según esta clasificación, al primer ámbito corresponderían aquellas preocupaciones que involucran a la sociedad como conjunto general y difuso de intereses: asuntos ambientales, gremiales o culturales. Aquí estaría ubicada la consulta de los Yasunidos.

Al segundo ámbito, en cambio, pertenecerían aquellos temas que involucran a los actores políticos stricto sensu: partidos, organismos del Estado y agrupaciones políticas. Aquí estarían ubicadas las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno.

Esta diferenciación no tiene otro propósito que acentuar la vieja separación entre el mundo de la sociedad y el mundo de la política. De acuerdo con esta visión, existen temas que deben quedar reservados para los especialistas políticos, porque están más allá de la capacidad de análisis y discusión de la sociedad.

Restarle una función política a la consulta por el Yasuní es una trampa. En efecto, la campaña de los Yasunidos representó la contraposición del poder democrático de la sociedad frente al poder formal del Gobierno. Fue la expresión más completa de una disputa política que, por lo demás, terminó arrinconando a todas las funciones del Estado que se alinearon con la estrategia oficial.

Los Yasunidos reactivaron el debate sobre la relación entre el Estado y la sociedad, y sobre la construcción de una agenda realmente pública; es decir, que nazca y se imponga desde el imaginario ciudadano. Los Yasunidos pusieron en duda la representatividad del poder político de turno, que se vio forzado a escudarse en las triquiñuelas de la partidocracia para obviar sus obligaciones democráticas.

Con esta misma lógica, una propuesta surgida desde la dinámica política no puede abstraerse de su sentido social. La posibilidad de reformar la Constitución mediante la reelección indefinida es motivo de inquietud general. Al igual que la explotación del Yasuní. Por eso el Gobierno busca arrebatarle a la sociedad la potestad sobre la convocatoria a una consulta popular. La encierra en los claustros de la política institucional. Por eso los voceros del Gobierno insisten en identificarla con una estrategia de la oposición… es decir, de los partidos formalmente reconocidos.

Saben que si esta demanda queda en manos de la gente estarán obligados nuevamente a lidiar con la presión ciudadana. Peor aún si deciden delegar la decisión final a la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.