Paco Moncayo

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Reunido en octubre del año 2016, el Acuerdo Nacional por el Cambio, expresión plural y democrática de organizaciones sociales y políticas progresistas, consideró necesario debatir y acordar un Plan de Gobierno de consenso, antes de tratar el tema de las candidaturas. Sirvieron como insumos los proyectos presentados por varios de los participantes.

El diagnóstico era coincidente: el caudillismo clientelar y autoritario había afectado a los fundamentos esenciales de la democracia, mediante el control de todas las funciones del Estado y la desmovilización de la participación ciudadana; el sistema de representación política se había degradado para instalar un modelo de partido único, mediante el control de la Función electoral y patrocinando la proliferación de movimientos y partidos políticos débiles y no ideológicos; la corrupción campeaba en la administración, protegida por políticas públicas que amparaban la impunidad.

En este marco, una Asamblea en la que el Movimiento de gobierno estaba sobre representado, había abdicado de su función fiscalizadora y se convirtió en tramitadora acrítica y sumisa de proyectos impuestos por el Ejecutivo; del mismo modo, la Función Judicial se encontraba controlada desde Carondelet, gracias a concursos arreglados para designar jueces y fiscales cercanos a Alianza País y por la presencia de un Consejo de la Judicatura que había atropellado la independencia y majestad del ejercicio de esa función; finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se había convertido en una oficina para designar a personas obsecuentes como titulares de los organismos de control.

Para corregir esta deplorable situación, el Acuerdo fijó, entre otros objetivos, el restablecimiento de una democracia plena, política, social, económica y territorial; consolidar un Estado de derecho y derechos con división e independencia de las funciones o poderes del Estado; una reforma del sistema de partidos y de la función de control electoral, que permita una expresión libre y respetada de la voluntad popular; el fortalecimiento de la participación ciudadana como una forma de enriquecer la democracia, asegurando la autonomía de la sociedad civil para organizarse y expresarse; la supresión de las organizaciones paraestatales creadas por el régimen; la promoción de la ética pública y la lucha contra la corrupción mediante autoridades de control independientes, la administración democrática de las empresas públicas y la creación de comisiones cívicas contra la corrupción.

Para llevar a cabo esta monumental tarea, se requería reformas inmediatas a normas constitucionales y legales. El debate se centró, entonces, en la forma de lograrlo. El ilustre doctor Enrique Ayala Mora había planteado la necesidad de convocar a una Constituyente, otros pensamos que, dadas las circunstancias sociales y económicas, sería preferible una consulta para, de manera quirúrgica, cortar por lo sano el cáncer del caudillismo autoritario que había impedido el desarrollo material y espiritual del pueblo ecuatoriano, en una década desperdiciada. Esta segunda opción fue la que defendimos a lo largo de la campaña.

Columnista invitado