31 de January de 2011 00:00

¿Consulta o muerte cruzada?

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Los ingentes recursos que se han destinado durante los últimos cuatro años para avanzar en materia social (vialidad, vivienda, educación, salud) contrastan con los retrocesos y el caos institucional. Se trabajó tanto y se vendió al mundo la idea de los grandes avances con la nueva Constitución para que ahora en tan poco tiempo –dos años de vigencia- se propongan cambios, en algunos casos contradictorios, y se intente suspender la aplicación de otras normas que esta misma administración aprobó.

Ni siquiera la Constitución se ha podido aplicar en su totalidad. En su oportunidad verdaderos juristas señalaron varios de los errores y hasta barbaridades. Se puso la revocatoria del mandato sin requisitos, que no sean las firmas, con el aplauso de alcaldes y dirigentes de Alianza País y ahora asustados piden que se reglamente, como si podría estar sobre la Constitución. Por ello el Consejo Electoral expidió el reglamento pero no podía introducir lo que querían y luego van a la Corte Constitucional, que en su sentencia niega la acción de inconstitucionalidad planteada por AME pero curiosamente dispone como medida cautelar la suspensión de los procesos que se encuentren “debidamente calificados”. El Consejo tiene quince convocados y si se aplicara la ley, artículo 285, quien interfiriere el funcionamiento de la Función Electoral será destituido y suspendido sus derechos políticos. ¿Acaso con este argumento no fueron destituidos los 57 diputados del Congreso anterior?

La consulta popular y el referéndum planteados por el Ejecutivo a la Corte han recibido críticas de juristas y, quizás lo más grave, de los protagonistas de la Constituyente de Montecristi, seguidores, aliados y funcionarios del Régimen. Críticas a la forma, fondo y el procedimiento adoptado.

Otra vez el país transita por un camino que pisotea a las instituciones, de por sí ya maltrechas y moribundas. La participación ciudadana ha sido un cuento y el Consejo creado ahora solo mira la propuesta de consulta y ni siquiera ha podido avanzar en los procesos ni desempolvar los cientos de casos de corrupción que recibiera en el inventario, sin contar con los nuevos.

Nadie duda de la necesidad de un cambio estructural en la Función Judicial porque está en crisis, ha colapsado, existe corrupción, pero esta situación no puede ser arreglada con acciones que atenten contra el ordenamiento vigente, aprobado en Montecristi. ¿Adónde están llevando al país: al caos y a la completa destrucción institucional? Y si mucho molestan hasta los propios, podría venir la muerte cruzada y con ello legislar directamente? No jueguen más con fuego y con el uso y la manipulación del pronunciamiento popular en las urnas porque además de la improcedencia las propuestas no arreglarán la inseguridad ciudadana que se vive y crece en el país.

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