Carlos Jaramillo

Consulta nonata

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10 de May de 2014 00:03

Tan pronto como se conoció el cambio de posición del Gobierno y su decisión de explotar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, los ecologistas autodenominados Yasunidos expresaron su temor de que se recurra a buenas o malas artes para impedir cualquier intento de oposición a ese proyecto, en especial en lo que tiene que ver con la consulta popular.

El mencionado parque tiene una superficie de 9 820 kilómetros cuadrados; está ubicado en las provincias de Pastaza y Orellana, entre los ríos Napo y Curaray, a 250 kilómetros al suroriente de Quito y está catalogado como una de las zonas más ricas y diversas del país. En 1989 la Unesco lo consagró como reserva de la biosfera y en 1998 el presidente Jamil Mahuad declaró a esa zona intangible para preservar la biosfera y, sobre todo, para proteger a los huaorani y otros pueblos en aislamiento voluntario que viven en ese espacio selvático.

En el 2007 el presidente Correa emprendió una campaña para que los países desarrollados aporten el 50% de la recaudación que obtendría Ecuador por la explotación de petróleo en el campo ITT y, ante la respuesta negativa, decidió extraer el crudo en ese sector, para lo cual ha reiterado que se ocuparía un espacio reducido y se tomarían especiales precauciones.

Como reacción inmediata, el colectivo Yasunidos inició la recolección de firmas de respaldo para la realización de una consulta a fin de que, como establece la Constitución, la ciudadanía decida sobre la extracción de petróleo en ese parque nacional, como antes se opuso a las corridas de toros en Quito y otras ciudades y al funcionamiento de casinos, pero parece que esta vez le preocupa al Régimen el resultado.

El 12 de abril el colectivo Yasunidos entregó al Consejo Nacional Electoral 757 923 firmas de respaldo a su planteamiento, pero sólo fueron validadas 359 761, mientras la Ley exige como mínimo 584 323, equivalentes al 5% del padrón electoral, con lo que se esfumó su propósito.

Desde entonces se intensificaron las mutuas acusaciones de irregularidades, inconsistencias, etc. entre los personeros del CNE y portavoces de los ecologistas y las amenazas de apelación ante otras instancias nacionales e internacionales; inclusive salió a relucir "el fantasma del 2012 y el escándalo de las firmas para el reconocimiento de organizaciones políticas" y se puso de manifiesto que hasta ahora no hay ninguna conclusión de las investigaciones prometidas. El Presidente del CNE manifestó que "siente vergüenza por la repetición de la vieja cultura política del país…", pero la respuesta fue que sin duda tiene alguna responsabilidad el non sancto organismo rector de la Función Electoral, cuya transparencia e imparcialidad han sido objeto de múltiples reparos.

Si bien parece que los hechos están consumados, los yasunidos no dan su brazo a torcer y prosiguen en su lucha como la de David y Goliat.