Al parecer el señor Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, ha decidido sustituir a la Asamblea y a sus 124 integrantes en la discusión y definición de las leyes. Contrariando los procedimientos constitucionales y legislativos que obligan a las comisiones a recoger y sistematizar los criterios y puntos de vista de los asambleístas, el señor Abad ha redefinido constantemente el proyecto de Ley de Educación Superior a su gusto y paciencia, introduciendo artículos que jamás fueron discutidos en la Asamblea.
Las modificaciones al texto de ley constituyen graves violaciones a la Constitución y leyes de la República y una grave afrenta a la inteligencia y dignidad de los asambleístas.
El martes de la semana pasada debía someterse el proyecto de Ley de Educación Superior a votación. Una hora antes del inicio previsto, sin embargo, el señor Abad repartió un adéndum con reformas sustantivas que jamás fueron debatidas por los asambleístas. La reacción no se hizo esperar y la votación debió ser suspendida tras constatarse la indignación de algunos legisladores y la falta de votos. Sin embargo, en la audacia está el juego. No contento con lo ocurrido, el señor Abad presentó dos alcances adicionales con cambios sobre cambios y más cambios, bajo el argumento de que era necesario recoger “el aporte patriótico y democrático de varios asambleístas”. Este procedimiento arbitrario asegura, desde ya, acciones de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma y anticipa serios conflictos en el país.
Muy seguro de un triunfo aplastante en las urnas, el oficialismo ha espetado la amenaza de llevar a consulta popular la aprobación de este proyecto. En una democracia plebiscitaria como la nuestra, ha resultado fácil reformar constituciones y leyes por esta vía, con la seguridad de que los temas de fondo no son discutidos y que el machaqueo propagandístico es el mejor instrumento para garantizar la victoria en las urnas. Quiero pensar, sin embargo, que algo está cambiando en el Ecuador y que su gente está despertando de un gran letargo y ensoñación por la fuerza de los hechos que tocan espacios individuales como la libertad, la seguridad, el empleo. Esto permite augurar un procesamiento más crítico y detenido de los problemas y menos adhesiones irreflexivas y automáticas a las propuestas oficialistas.
Considerando los atropellos legislativos cometidos en el procesamiento de las leyes de Comunicación y Educación Superior y la dudosa legitimidad y autenticidad de ciertos votos en la Asamblea, una consulta popular podría ser un buen camino para zanjar las graves controversias que han surgido y otorgar legitimidad a estas leyes. Libertad o esclavitud; que el pueblo lo decida.