Julio Echeverría

Una consulta crucial

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Columnista invitado

Entre los temas que se plantean para la consulta popular que se apresta a convocar el presidente Moreno, es de fundamental importancia la reforma del “quinto poder” o Función de Transparencia y Control Social, instancia institucional que ha funcionado en el modelo político de AP como la pieza central del sistema de impunidad. Un sistema que se sospecha habría permitido el cometimiento de delitos por parte de altas figuras de la gestión pública, desde el vicepresidente responsable de la gestión de los proyectos estratégicos del Estado, al conjunto de funcionarios que debían instrumentarlos y gestionarlos, hasta la administración de justicia, donde un Consejo de la Judicatura con poderes discrecionales condicionó la conducta de jueces y administradores de justicia a favor del poder hiperpresidencial.

La Constituyente de Montecristi diseñó este “quinto poder” como un mecanismo para despolitizar la selección de las autoridades de control. Sustituyó al sistema de representaciones por un mecanismo “participativo” de cooptación de ciudadanos mediante un dudoso sistema meritocrático de selección. En la práctica, los organismos y los procesos fueron secuestrados por el partido de gobierno, funcionalizándolos a sus objetivos. Un Consejo de Participación Ciudadana conformado por incondicionales al régimen designó a funcionarios afines al poder. Así se configuró un verdadero sistema de impunidad. La lógica sistémica permitió una verdadera retroalimentación entre impunidad y corrupción.

Por estas consideraciones y para sortear cualquier resistencia o maniobra de dilación que podría provenir de los mismos poderes constituidos, la consulta que convoque el Presidente debe ser suficientemente precisa en su formulación, capaz de que su aprobación tenga efectos vinculantes directos y no pueda ser sometida a la discrecionalidad interpretativa de órganos como la Asamblea, el Consejo Electoral o la Corte Constitucional.

La consulta podría plantear la restricción de las funciones del Consejo de participación a los aspectos administrativos en la selección de candidatos a integrar los órganos de control. Los postulantes serían nominados por grandes electores de sectores como el de las universidades, las cámaras de la producción, las organizaciones de trabajadores, las de pueblos y nacionalidades, y de organizaciones de la sociedad civil. El Consejo de Participación Ciudadana elegiría una terna, selección abierta a la impugnación y veeduría ciudadanas, mientras que la designación estaría a cargo de la Asamblea Nacional.

De esta forma, se combinarían elementos de democracia representativa y participativa, para garantizar la autonomía y eficiencia de los órganos de control, y romper el círculo de la impunidad que actualmente se ha puesto en evidencia.