El Yasuní es demasiado importante, el petróleo demasiado corruptor de la sociedad ecuatoriana y la capacidad de influir del Gobierno demasiado grande como para someter la explotación del ITT a consulta popular. La intención de los proponentes es comprensible. Pero, además de poco estratégico, un proceso de consulta podría agudizar algunos males que ya padece el país.
En primer lugar, una consulta popular se convertiría, en la práctica, en un plebiscito a favor o en contra del presidente Correa. Con el respaldo del que goza y la campaña llena de ofrecimientos materiales que ya está haciendo a una sociedad rentista y fascinada con la fiesta del petróleo, la probabilidad de que la perforación de la selva gane es considerable. Ese escenario sería lapidario para la oposición y, por consiguiente, para la democracia.
La consulta también reafirmaría una noción, de alto alcance manipulador, que este Gobierno ha introducido eficazmente en el imaginario social: que la mitad más uno manda. En una democracia se hace lo que decide la mayoría, siempre y cuando su decisión no vulnere derechos y respete los límites que imponen las leyes. Por más que la mayoría quisiera, si en el Yasuní efectivamente viven pueblos en aislamiento voluntario, no podrá extraerse petróleo de allí, pues así lo establece la Constitución. La alternativa sería reformar la Constitución, pero de eso -en relación a este tema- no se ha hablado hasta ahora.
Por otra parte, la consulta politizaría aún más a una sociedad polarizada y saturada de propaganda política. Este país necesita concentrarse más en resolver sus problemas reales que distraerse con nuevas ofertas de tarima, requiere más trabajo conjunto que arengas cargadas de calificativos, más producción que rentismo, más reflexión que crispación. La consulta ahondaría los vicios.
Para rematar, de llegar a darse la consulta, no sería improbable que el Gobierno plantee su propia pregunta e incluya otras que podrían atropellar los derechos de grupos determinados y aumentar el descomunal poder del Régimen, como ya ocurrió en el referéndum de 2011.
Si la tesis oficial se impusiera en la consulta, la ciudadanía perdería aún más la confianza en las iniciativas de algunos líderes sociales y en una oposición débil, fragmentada y carente de estrategias. Proponer una consulta popular, cuando el Presidente ha dado suficientes muestras de sus aptitudes electorales y la sociedad ecuatoriana de su dicha con los petrodólares, evidencia una falta de creatividad monstruosa. Líderes que se precien no pueden emocionarse (y desubicarse) con unas protestas callejeras y en las redes sociales (de alcance limitado si se las compara, por ejemplo, con el paro colombiano), cuando existen medios políticos y jurídicos más eficaces para frenar una vil explotación petrolera que llevar al oponente al terreno de su agrado.