El Gobierno prepara una nueva consulta popular, esta vez para preguntar al pueblo sobre temas tan disímiles como la realización de reformas legales para combatir la delincuencia, hasta asuntos sin relevancia nacional como prohibir las corridas de toros.
¿Se necesita una consulta popular para que el Ejecutivo empiece a atacar un problema tan grave como la ola de crimen que asola al país? Evidentemente que no. Desde hace rato, este Régimen tiene el control absoluto del órgano legislativo. Puede hacer, el momento que le plazca, los cambios que le apetezcan, en cualquier materia.
Una muestra escandalosa de aquello es el cambio inconstitucional que hace pocos días la Asamblea hizo a la Ley Orgánica Electoral para que los movimientos políticos -y ya no solo los partidos- se beneficien de los dineros del Estado. Se trata de una reforma pensada para que Movimiento País -el brazo político del presidente Correa- cuente con los recursos suficientes para financiar la próxima campaña.
Si es que la consulta popular no se justifica desde un punto de vista práctico, entonces ¿por qué el Gobierno está empeñado en hacerla? Porque necesita una dosis extra de capital político para usarlo durante estos dos años que quedan hasta las próximas elecciones presidenciales.
Tal como están diseñadas, las consultas populares del Régimen sirven para exacerbar los sentimientos extremos de las personas, como el nacionalismo o el encono social. Para ese efecto se utiliza una retórica inflamada y se repiten mil veces frases que apelan a conceptos absolutistas como patria, pueblo, soberanía y altivez.
El propósito último de todo aquello es movilizar a las personas en torno a emociones y no a razones. El ciudadano vota a favor de lo consultado, convencido de que apoya un proyecto noble e idealista, pero del cual no tiene demasiados detalles, sino solo generalidades. El Régimen gana legitimidad y, por tanto, capital político a base de estos triunfos electorales (y no de realizaciones concretas).
Por el momento, esta estrategia es prácticamente perfecta, porque la probabilidad de que el Régimen pierda la próxima contienda electoral es nula. El problema, me parece, está a mediano y largo plazos: si bien cada triunfo en las urnas le da al presidente Correa un monto adicional de capital político que le permite prolongar su estancia en el poder, también pone sobre sus hombros nuevas y más graves obligaciones.
En la próxima consulta, los ecuatorianos le vamos a entregar al Presidente la responsabilidad de resolver -él solito- un problema tan acuciante como el de la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Si Correa no cumple con ese encargo popular, inevitablemente sufrirá donde más le duele: en su popularidad.