23 de January de 2011 00:00

¿Consulta para qué?

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Marco Arauz

La lógica política de este Gobierno es tan vertiginosa que no debiera sorprender el nuevo invento con el que pretende demoler una parte importante del sistema institucional creado por él mismo y vendido como la panacea.

Es verdad que ya se habían evidenciado numerosos errores en la Constitución y en algunas leyes en aspectos como la prisión preventiva, la rebaja de penas, la “ciudadanía universal”, el derecho a la resistencia, la redefinición de las funciones de la fuerza pública, para mencionar temas que tienen que ver con la inseguridad.

Bastaba usar los mecanismos legislativos adecuados para las reformas, pero se prefiere montar otro tinglado que reducirá más la institucionalidad y que, en cuanto al sistema judicial -una pieza importantísima que no ha funcionado-, corta el proceso de designación definitiva del Consejo Nacional de la Judicatura y reempieza otro que tardará dos años.

El Secretario Jurídico de la Presidencia afirma que el sistema propuesto es igual al que se usa en Estados Unidos y Europa. Suponiendo que así fuera, no se entiende por qué los arquitectos del neoconstitucionalismo recién se enteran y no lo incluyeron en Montecristi. También hay que preguntar qué hizo durante este tiempo el Ministerio de Justicia, creado en noviembre de 2007 supuestamente para coordinar el trabajo de todos los operadores de justicia y optimizar los planes del sistema judicial.

Con la consulta está asegurada la posibilidad de seguir hablando de la reforma y de alargar la interminable transición, mientras este Gobierno sigue culpando al pasado, pese a que ya cumplió cuatro años en el poder.

Con todo lo ampulosa y seductora que suena, pues está basada en encuestas, la consulta tiene un pequeño gran defecto: no resuelve los problemas cotidianos y urgentes de inseguridad, y es posible que tampoco los resuelva en el futuro. Mientras se siga afianzando un modelo que quita responsabilidades al resto de funciones y a la ciudadanía, no habrá solución posible. Tampoco lo será mientras la política de seguridad se asiente sobre discursos incitadores al odio o se convierta a las víctimas en culpables, como en el caso de la persona atropellada por un auto de la Fiscalía y ahora sucede con el del ciudadano guayaquileño que reclama por la muerte de su hijo. Y mientras no haya soluciones claras para la Policía, esta seguirá de brazos caídos frente a unos delincuentes que actúan a sus anchas contra unos ciudadanos a los que se convence de que hay que felicitarse porque “solo” los despojan de sus bienes.

La glotonería política tiene la realidad por límite, y esta reclama atención seria a los problemas de inseguridad e informalidad, productividad, inversión, racionalidad en el gasto, con una alta dosis de participación ciudadana, que es cada vez más escasa en tiempos de “revolución ciudadana”.

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