Enrique Ayala Mora

A la Constituyente

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Una cuestión está clara. El Régimen ha violado los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Pero eso no significa que sea buena, o casi perfecta como sus defensores, cada vez más escasos, lo proclaman. La Constitución es inconveniente para el país. Aparte de su ampulosa y confusa redacción, contiene muchas declaraciones sobre garantías y derechos, pero atropella otros, esenciales en una democracia.

No aceptemos la idea simplista de que la Constitución es excelente, pero el Gobierno no la aplica o la viola.

Un Estado con cinco poderes o funciones es un engendro. No faltará algún trasnochado que diga que el nuevo poder del Estado es “revolucionario” y aumenta la democracia. Pero todavía no se ha inventado un sistema democrático que no implique la real división de poderes. Añadir dos más, cuyos integrantes, con carpetazos y vicerazos, son escogidos por quien ejerce el poder es un retroceso.

Antes, el Congreso era escenario de actos vergonzosos. Pero al menos discutía las leyes. Podía deliberar y votar artículo por artículo. Ahora la Asamblea vota todo en paquete sin deliberación. Y jamás fiscaliza al Gobierno, ya ni siquiera le informa.

La Constitución elevó a los órganos electorales a función del Estado y los integró de manera antidemocrática. El desprestigio del sistema político provocó una reacción. Los constituyentes de Montecristi creyeron que con la designación por concurso podrían ser independientes. Pero el sistema es peor. El mecanismo de concurso está estructuralmente viciado. De organismos integrados por siete diversas fuerzas políticas, se pasó al manejo de una sola, que controla el Gobierno.

No es verdad que esta Carta Política “garantista” solo necesita unos pocos cambios cosméticos. En muchos aspectos fue un retroceso y debe ser radicalmente reformada. Y para ello la salida es la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Sabemos que hay el peligro de que en la Asamblea se intente retroceder en algunos de los derechos y garantías que se han desarrollado en dos siglos de evolución jurídica, que fueron consagrados en las últimas constituyentes y constan en la Constitución de Montecristi, como su principal punto positivo. Pero sabemos también que cualquiera texto constitucional futuro deberá mantener todas las conquistas jurídicas que ha logrado el pueblo ecuatoriano, que estará dispuesto a defenderlas en caso de peligro. Para ello cuenta con el principio de que los avances son progresivos, es decir, no pueden revertirse. Y con una enorme reserva moral que la reacción no podrá vencer.

Hay que reformular radicalmente la parte orgánica de la Constitución para garantizar la democracia y enfrentar el autoritarismo. Por ello, se necesita una Asamblea Constituyente que, con plenos poderes, enfatice en los valores democráticos y la genuina participación.

eayala@elcomercio.org