León Roldós

¿Constitucionalización de la impunidad?

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 145
Triste 1
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 23

Ese es el riesgo, con la llamada enmienda a la Constitución sobre la competencia de la Contraloría General del Estado, excluyendo de su competencia la posibilidad de efectuar auditoría de gestión, debiendo limitarse a solo ser tribunal de cuentas, o sea de solo pagos y cobros.

Ya el año 2009, mediante reforma de la ley, se le quitó a la Contraloría la competencia de los exámenes y pronunciamientos precontractuales, esto es antes de que se celebren los contratos en el sector público, esencial para cualquier correctivo oportuno. Se la limitó a ser una especie de revisora de sala de velaciones, con competencia de ordenar “autopsia” de haber circunstancias que lleven a responsabilidades civiles y administrativas; y, de pedirla a la Fiscalía, de establecer posibles indicios de responsabilidad penal.

Y no estoy hablando de eficiencia o de ineficiencias de la Contraloría en los tiempos que ha tenido competencia para auditar la gestión de las entidades bajo su control, primero por ley y luego -a partir de la Constitución de 1998- por norma constitucional, sino del retroceso a los años anteriores a los 90, que es lo que significa la enmienda.

El Gobierno ha indicado que algunas contralorías no tienen esa competencia, sino solo ser tribunal de cuentas, pero ¿por qué debemos equipararnos a las menos avanzadas? De lo que se publica si tienen la competencia las contralorías de Argentina, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. ¿Cómo la ejercen? Ese es otro cantar.

También se argumenta que la Senplades y el Consejo de Participación y Control Social pueden tener el control de gestión. Por un lado, son espacios subordinados; y, por otro, es evidente que no lo han hecho. Las rendiciones de cuentas se han limitado a lo que les interesa presentar a quienes efectúan las rendiciones y a los gastos de publicidad a más de las reuniones con bocadillos y entregas de folletería.

¿Fiscalización de la Asamblea Nacional? Casi inexistente, porque se la ha asfixiado, supuestamente para evitar que se convierta en espacio que escandalice.

Las auditorías de gestión se refieren al porqué de la gestión, a los soportes de esta. Tomo un caso denunciado por el propio presidente Correa: la multiplicación de viáticos en viajes al exterior de funcionarios públicos, ¿se han justificado o no?

Y no solo eran (o son) los viáticos, sino que estos se transformaron -para algunos- en una “ratería” potenciada y repetida, cuando los viajes eran a Argentina, Venezuela u otros países con sustanciales diferencias cambiarias. ¿A qué cambio, negociaron los viajeros los dólares entregados por el Gobierno? En el rol de tribunal de cuentas, la Contraloría solo podría establecer cuantos días de estadía en el exterior de cada viajero y si se aplicó correctamente la tabla de viáticos.