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8 de agosto de 2014 00:05

Pablo Ortiz García
portiz@elcomercio.org

En esta época en que hay pocos signos de valentía, se debe aplaudir cuando alguno se presenta. Son escasas las personas que dicen algo en voz alta y firme, sin ser altanero o mal educado. Enfrentar al poderoso utilizando la verdad y las normas por él expedidas, le hace más fuerte, y genera la admiración de un pueblo subyugado. Es lamentable que la excepción (el valor) sea la regla, y el miedo lo cotidiano. “El derecho al honor y al buen nombre” (artículo 66.18 de la Constitución) solo existe para los asistentes a las sabatinas. No entiendo por qué los asambleístas constituyentes incorporaron en la Constitución semejante sofisma, como también aquel otro de que “todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (11.2). Hay ciudadanos más iguales que otros, depende de las amistades.

Es de aplaudir cuando se recuerda, en un país con bastantes desmemoriados, que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales (11.4). Pero más valor se demuestra cuando con firmeza se lo sostiene, sobre todo cuando se sabe que los administradores de la justicia en Ecuador (algo que ha desaparecido), desconocen que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución (82). El honor de las personas era una realidad previo al inicio de la extensa pesadilla del socialismo del siglo XXI. Respetar hoy el honor de los seres humanos es tan inusual como ver a niños ecuatorianos jugando con un trompo, o a la macateta, o con canicas.

El honor, en este caso de un grupo de profesionales como son los periodistas, ha sido tan mancillado, porque quienes los ofenden conocen que es casi imposible que sean juzgados por un juez “independiente, imparcial y competente” (76.7.k). Los periodistas alejados del círculo perverso del poder están condenados por las autoridades y sus esbirros. El pueblo callado los admira.

La figura del “linchamiento mediático” incorporada por el autor de la Ley de Comunicación (asambleísta que, entre otras cosas, felicita a un imitador y no a los artistas originales), se aplica para todos aquellos comunicadores ajenos al partido político que gobierna. Para los periodistas independientes el linchamiento mediático es un artículo fantasma de la Ley al que están sometidos. Sino cómo se entiende que la prohibición de difundir información “a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica” (26), no se aplica a los empleados públicos cercanos al gobernante, quienes pueden atacar y destrozar el prestigio de gente de reconocida valía e integridad. De profesionales que se han jugado por la democracia. Aplaudo a Ecuavisa su sólida posición en defensa de la verdad y el honor de periodistas.