Jorge G. León Trujillo

¿Para quién se cambia la Constitución?

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6 de julio de 2014 18:50

¿Vale la pena reformar la Constitución? Se argumenta fundamentadamente que la mayoría de las propuestas del Ejecutivo para modificar la Constitución no son enmiendas sino cambios de fondo, unos relativos a derechos de la persona que merecerían inclusive una nueva Constituyente, otros como los relativos a la organización del Estado que requieren referéndum y la minoría son enmiendas.

Al modificar las competencias de los niveles de gobierno, como quitar competencias a los gobiernos subnacionales y pasarles al Gobierno Central, o al cambiar las competencias de la Contraloría, es decir al sistema de control del Estado, se cambia la repartición del poder del Estado entre niveles de gobierno y entre funciones del Estado, es decir, se hacen cambios a la organización del Estado.

Lo mismo es lo del régimen político: la reelección indefinida modifica una regla de un sistema que no por azar limitaba la reelección presidencial a un período. Una norma clave en el régimen político ecuatoriano que quería limitar el personalismo, uno de sus grandes males, y que debería ser para todos los puestos de elección, al mismo tiempo que se promovía la constitución de partidos para que sean estos los que asuman la continuidad, la otra necesidad del Ecuador. Estas normas que hacen el sistema político no definen la organización del Estado, pero sí algo propio a la idea de lo conveniente del régimen político democrático y republicano, no uno ideal sino adecuado y conveniente para Ecuador. Lo que se cambia es el régimen ecuatoriano de democracia, algo sustantivo y mal se puede recurrir a justificativos traídos de otros países, sin coherencia con el contexto y los otros componentes de este régimen político aquí.
El Gobierno tiene razón en reclamar competencias de la ejecución de obras en salud y educación, pero eso fue fruto de la idea que se vendió en la Constituyente para que los gobiernos locales acepten la concepción centralista según la cual el Gobierno Central definía orientaciones (rectoría) en casi todo, siendo los gobiernos locales ejecutores. Por fin se ve claro, eso devalúa a los gobiernos locales. Habría que revisar toda esta lógica de repartición del poder estatal. Esto sí merecería un cambio, algún día, pero no con el apresuramiento electoralista ni búsqueda de réditos o de “ventajas” gracias a la construcción de infraestructura y su inauguración.

¿Merece saber para quien se está tendiendo la mesa con tanta ventaja para que decida a su gusto arriba y no tenga mucho control? ¿Para un futuro Gobierno de derecha que es a donde lleva el Gobierno actual? ¿Para uno reelecto?
AP se esmera en no pensar en el sistema que se crea, no piensa en el inevitable ciclo político y se limita al calculo circunstancial de acumular poder, lo cual como ya la historia lo repite, tiene límites muy cortos antes que se revierta contra sí mismo.

Jorge León T.
jleon@elcomercio.org