Marcelo Ortiz

Consejo de Participación Ciudadana

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Esta semana quedarán nombrados, y posiblemente posesionados, los flamantes miembros privilegiados constitucionalmente para esta entidad estatal, Cpccs. A mitad de sus cinco años de mandato proclamarán al Presidente de la República electo en el 2017; y todavía disfrutarán de un largo espacio. Todo parece previsto para cumplir lo que estipulan los 12 numerales del art. 207 de la Constitución de Montecristi 2008. Así continuará en manos de siete personas la suplantación de la soberanía del pueblo concedida al Cpccs, y que a lo largo de la vida republicana siempre se expresó en el voto directo.

Muchos criterios se han difundido públicamente para que otra Asamblea Constituyente lo suprima. Pero cuando existe un poder absoluto, con ansiedad de hacerse vitalicio, ese camino está cerrado. Hay que cumplirlo inexorablemente, y por eso el Consejo Nacional Electoral ha hecho convocatorias y se han inscrito 242 candidatos.

Está por concluir este proceso y en poco tiempo estará integrado ese organismo, que como ya sucedió con las siete personas que se despiden, no fueron de los más sobresalientes ecuatorianos en el campo de las ciencias jurídicas, sin que tampoco hayan sido escogidos de las tres regiones en que residen los ciudadanos del país.

Por lo analizado, será otro poder político elegido democráticamente el 2017, y con suficiente imparcialidad, el que corrija este grave error constitucional; y mientras esa posibilidad lejana se cumpla, hay que continuar con lo establecido en Montecristi. Mientras tanto, hace pocos meses ya procedieron a nombrar a las máximas autoridades como Procurador, Fiscal General, cuatro superintendentes y ahora cumplirán otras tareas determinadas en el art. 209, como “estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”. Estos enunciados de rango filosófico o de principios de vida social no pueden situarse en un organismo estatal de siete personas, porque están encarnados en centenares de años de la formación de las nacionalidades en todos los países del mundo. El nuestro nunca necesitó de un ente supremo que nos indique cómo formarnos en la “buena ciudadanía”.

En la institución llamada “el quinto poder”, en abril del 2014 dos vocales de minoría, David Rosero y Andrea Rivera, denunciaron en la revista Vistazo que “en vez de 100 diputados ahora son cuatro o cinco consejeros los que designan a las autoridades sin apegarse a la meritocracia sino a la ‘palancocracia’, y al pensamiento vertical”. Están inscritas personas con vínculos directos con el poder: Doris Gallardo, Solanda Goyes, Roxana Silva, Edwin Jarrín y Ulbio Guadalupe.

Habrá que esperar que un distinto y renovado poder político triunfante en las elecciones presidenciales del 2017 convoque a una Constituyente que lo suprima por antidemocrático,entre otras urgentes reformas.