Marcelo Ortiz

Consejo de Participación Ciudadana (2)

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En pocas horas hábiles que irán hasta el 4 de marzo de 2015, se cerrará el plazo para que los ciudadanos interesados se inscriban al concurso de reemplazo de dos o tres miembros del Cpccs, que desde las alturas del poder absoluto ya estarán previstos.

Seguramente serán como quienes, en cuatro meses, cumplirán cinco años de estar en esos privilegiados cargos; esto es, no escogidos entre quienes ostentan una lista de títulos desde el básico de bachilleres hasta el de profesional en alguna rama del nivel universitario, y unos años de ejercicio privado o público.

Estos elementos, junto a otros como la edad y residencia en provincias y ciudades de las tres regiones que tiene nuestro territorio, debían constar en el reglamento del respectivo concurso, así como el de probar una total independencia frente a quienes se encuentran en el entorno presidencial. De esa manera, cubrirían con suficiencia el nominativo que tiene ese organismo al cual entregaron, por mandato del art. 207 de la Constitución, un poder electivo que siempre tuvo el Congreso Nacional a lo largo de nuestra vida republicana: elegir al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, al Contralor, al Procurador, al Fiscal, al Consejo Nacional Electoral y de su Tribunal Contencioso, -en cuyo seno casi no hay procesos que tramitar- al Defensor del Pueblo, y a los cinco superintendentes, desde el de Bancos hasta el de Información y Comunicación. La inmensa y abismal diferencia está en que los integrantes de un Congreso, elegidos por el voto universal del pueblo ecuatoriano, procedían a esas designaciones; mientras que ahora lo hace un círculo cerrado de siete ciudadanos, en el cual 4 votos son mayoría.

Una prueba fehaciente del desinterés de los conglomerados humanos residentes en provincias y ciudades es la no inscripción de candidatos a ocupar esos 14 sitios de poder ciudadano y control social, distribuidos entre principales y suplentes. ¿Hay desconocimiento evidente de esos sitios de poder o falta de interesados en ocuparlos? Porque a menos de 24 horas hábiles, cuando debería estar más de un centenar de inscritos, apenas hay poquísimos postulantes; lo cual explica entre muchas otras causas, y la más contundente es el desacierto de la Constitución vigente, al haber dejado en evidencia de que no es una institución democrática.

Por último, hace cuatro meses el Cpccs publicó el Reglamento del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de los defensores de audiencias y lectores de los medios de comunicación, que no serían sino contralores directos de la opinión y reportajes independientes de todos los medios impresos y audiovisuales privados. Cuando sean nombrados serán censores de la opinión, que recibirán y tramitarán los reclamos de ciudadanos adictos al Gobierno en contra de un medio. Hasta hoy no se ha cumplido este mandato, que aseguraría la estabilidad del poder presidencial absoluto. ¿La remuneración será el obstáculo y quién paga?

mortiz@elcomercio.org