Alfredo Negrete

Congreso en terapia

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Aunque parezca imposible, la próxima legislatura amenaza con ser más deficiente que la actual. Algunos elementos fundamentan tan deprimente expectativa.

En primer lugar, hay que señalar que la legislatura que ahora fenece se originó en la avalancha electoral que acompaño la reelección del actual mandatario en febrero del 2013 y que, por tanto, contó con un arrastre del cual ahora se carece. Debe añadirse, como agravante, una situación política entrampada pues la Constitución que nos rige no contempla elecciones de medio tiempo; por tanto, no existe la oxigenación que predomina en los sistemas presidencialistas . Una democracia con un futuro institucional de pronóstico reservado.

Luego, como una consecuencia directa de que el Ecuador es un país sin partidos estructurados, todos los vientos giran sobre candidatos presidenciales únicos y exclusivos. Ellos deciden la composición de las listas, motivo por el cual no sorprende que se le ofrezca a los electores un conjunto de variopintas opciones.

Salvo excepciones, los actuales candidatos a la legislatura no responden a mayores antecedentes, incluidos la mayoría de los que optan por la reelección, para esperar un desenvolvimiento eficiente en las dos tareas básicas :la legislativa y la fiscalización.

En consecuencia, será muy difícil para el próximo gobierno la articulación con el legislativo para por la aprobación de proyecto o de reformas a un sistema jurídico vigente. ¿Continuismo obligado?

En estas circunstancias, el país está frente a un escenario diferente , incluso a penosas experiencias pasadas como fueron la pugna de poderes, las mayorías móviles o una mayoría aplastante. Con la carga de que como una de las funciones del Estado será abordar la crisis que se trasmitirán el próximo 24 de mayo .

Es posible que ante la gravedad –el préstamo de los últimos 1 000 millones, pareciera ser otra vez el S.O.S. del Titanic de un gobierno pasado- se llegue a una moratoria política basada en propuesta del presidente electo .

Para entender la factibilidad de esta propuesta es necesario recurrir a un par instrumentos que sostengan la frágil gobernabilidad del país. En primer lugar, está la Constitución de Montecristi que diagramó un control absoluto del estado por parte el Ejecutivo.

A diferencia de otras ocasiones el centro de la negociación política será la jefatura de los organismos de control y los miembros del Consejo de Participación.

Allí radica el verdadero poder. No en el congreso. Luego, el presidente electo tendrá a su favor la Carta Democrática Interamericana; aunque, después de lo de Venezuela es instrumento como calificó el jurista alemán Fernando La Salle “de papel”.

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