Lolo Echeverría Echeverría

Comprarse un problema

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El presidente Rafael Correa no debía intervenir en el asunto de los terrenos comprados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) en los Samanes.

Para eso existen los funcionarios responsables de cada área, los jueces, los organismos de control y los sistemas de mediación y arbitraje; a ellos les corresponde resolver los conflictos que pueden suscitarse en la suscripción o incumplimiento de los contratos.

Al intervenir en el embrollo, el Presidente se compró tres problemas: uno con los militares, otro con la justicia y un tercero con la opinión pública.

Se compró un problema con los militares cuando les acusó de haberse beneficiado de un sobreprecio de 41 millones de dólares en la venta y, de paso, caracterizó al Issfa como una pirámide similar al sistema del notario Cabrera. Al decidir hacer justicia, por su cuenta, y ordenar la incautación de los 41 millones, se expuso a ser desautorizado, incluso a una “rebelión” en las Fuerzas Armadas.

La crisis que ha profundizado el resentimiento militar, puede obligarle a renovar el alto mando y le deja en situación de invalidez al ministro de Defensa.

Generar un problema tan grande y totalmente innecesario, desató rumores y especulaciones acerca de causas ocultas como un supuesto interés en provocar una crisis y victimizarse.

Se compró un segundo problema con la justicia al asumir el papel de gran juez que resuelve los casos sin respetar ningún procedimiento. Puso a la justicia en la ingrata disyuntiva de reclamar la jurisdicción para resolver el caso o callarse como si aceptara la autoridad del gran juez.

También dejó descolocados al Procurador y al Contralor, que se vieron obligados a intervenir mal y tarde.

Seis años después de legalizado el contrato, el Contralor General pone una glosa a la ministra que lo firmó. Los militares apelan a los jueces.
Se compró un tercer problema con la opinión pública porque en la confrontación entre los militares y el Ejecutivo, puede perder el Presidente.

La militar es la de más alta credibilidad entre las instituciones públicas, mientras la credibilidad del Presidente está en su punto más bajo.
La opinión pública es, además, muy sensible a cualquier amenaza a la propiedad, como se demostró cuando se quiso aprobar la ley de herencias y plusvalía.

La única manera de evitar que el tema degenere en una medición de fuerzas para determinar quién prevalece, es dejar el caso en manos de un tercero que no puede ser otro que la Justicia.
Aquí tiene la posibilidad de demostrar que algo valen la ley y los procedimientos, y que todavía tiene algún significado la independencia judicial.

La idea más fantasiosa en todo esto es pensar que alguien pueda golpear las puertas de los cuarteles. No habrá quien abra.

lecheverria@elcomercio.org