Sebastián Hurtado

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5 de November de 2013 00:01

Alrededor del mundo las empresas privadas están bajo acecho por parte de una sociedad civil cada vez más movilizada e informada y por gobiernos con un mayor poder regulatorio. Ambos las miran como responsables de muchos de los problemas que afectan a las sociedades, incluso en países con una larga tradición capitalista.

En Ecuador, la situación es incluso más compleja debido a un tradicional recelo hacia el ánimo de lucro, la persistencia de múltiples problemas sociales y la memoria de una crisis económica a fines de siglo, que muchos achacan a empresarios inescrupulosos. A esto se suma el advenimiento de un poderoso Gobierno socialista, que ha hecho plataforma política de la descalificación de las élites empresariales, la promoción del trabajo por sobre el capital y la demanda porque las empresas tributen más, cumplan regulaciones estrictas y contribuyan al "desarrollo del país".

Muchas empresas han reaccionado ampliando sus actividades filantrópicas y programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), dirigidos a ayudar los más necesitados, asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y minimizar el daño que sus actividades puedan causar al medioambiente o a las comunidades en que operan. Sin embargo, estos importantes esfuerzos empresariales por pulir una imagen de "buenos ciudadanos" corporativos, acarrean costos y, por tanto, cuentan con presupuestos limitados.

La única manera en que las empresas pueden contribuir a la atención de las necesidades sociales, a una escala significativa y de manera sostenible, es mediante el desarrollo de modelos de negocio con tal propósito. Cuando las empresas crean "valor económico" al mismo tiempo que "valor social", están creando lo que se denomina "Valor Compartido" y abriendo un nuevo espectro de oportunidades de crecimiento.

Esfuerzos de este tipo están en marcha alrededor del mundo con distintos niveles de éxito, pero su impulso en países como el nuestro requerirá de un cambio mental importante. Por un lado, las empresas deben dejar de mirar a los problemas políticos y sociales como una amenaza a sus actividades, sino como una potencial oportunidad especialmente en países como Ecuador. Por otro lado, el Gobierno y la sociedad civil deben dejar de mirar a las empresas y al ánimo de lucro como la causa de los problemas sociales y más bien verlos como vehículos para atender de manera eficaz muchos de ellos.

Son limitados los recursos que Gobierno, ciudadanos y empresas pueden destinar a mitigar y atender los más importantes problemas sociales que afectan a Ecuador. Los esfuerzos públicos y privados que en el futuro se hagan para crear Valor Compartido (Valor Económico + Valor Social), tienen el potencial de impulsar la inversión, el crecimiento, la atención de necesidades sociales y, de paso, reivindicar al sector empresarial en el país.