José Ayala Lasso

Comisión Interamericana de DD.HH.

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9 de March de 2013 00:03

Los sistemas mundial e interamericano de protección de los derechos humanos son el resultado de la lucha de siglos en defensa de la dignidad humana, contra d los abusos del poder monárquico, religioso o estatal.

Las confrontaciones entre el ciudadano y el poder tienen una característica común: nacen porque quienes detentan el mando quieren fortalecer su autoridad y disciplinar a la ciudadanía, para ser eficaces en su programa de gobierno. De esta engañosa premisa surgen las limitaciones indebidas a los derechos humanos y, peor aún, su violación sistemática. A quienes critican y protestan contra esos abusos, el poder los declara enemigos y los persigue.

Eso está ocurriendo ahora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asediada por iniciativas que buscan debilitarla y menoscabar sus facultades mediante una serie de enmiendas que podrían convertirla en inoperante e ineficaz.

A ningún Gobierno le gusta ser acusado de violar los derechos humanos. Pero los gobiernos serios examinan la propia conducta y adoptan medidas para corregir sus errores. Pretender que quien critica pierda su capacidad de opinar equivale a ir contra la historia de la civilización.

La Comisión Interamericana es perfectible. Sus propios miembros han adoptado medidas para mejorar su estructura y sistemas de trabajo. Pero lo que no cabe olvidar es que todo organismo de protección de los derechos humanos debe tener garantizada su independencia política, administrativa y financiera. Creer que la Comisión, por recibir financiamiento de los Estados miembros, debe depender de ellos, es tan equivocado como afirmar que la Función Judicial, al recibir fondos del Presupuesto del Estado, depende del Poder Ejecutivo.

C ambiar la actual sede de la Comisión Interamericana -Washington- por otra que ofrezca iguales o mejores facilidades para su eficaz funcionamiento puede ser una opción válida. Si Costa Rica llenara esos requisitos, bien podría acoger a la Comisión, puesto que también alberga a la Corte Interamericana. No cabe argumentar que el cambio debe hacerse porque los EE.UU. no han suscrito los Pactos de Derechos Humanos. Es inaceptable la actitud norteamericana. Hay que ejercer toda la influencia y la persuasión necesarias para que Washington suscriba los Pactos y hay que ser particularmente severos en el examen de las violaciones de los derechos humanos en que incurren los Estados Unidos.

Es lamentable que el Ecuador, que en 1993 fue honrado con la designación de uno de sus ciudadanos como el primer Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y que en 1997 aprobó el primer Plan Nacional de Derechos Humanos en América Latina, ahora esté empeñado en debilitar a la Comisión Interamericana y a sus Relatorías, como reacción a sus críticas.