Cuando empezó el gobierno de Rafael Correa sabíamos los ecuatorianos que “no firmaríamos ningún TLC”. Estaba clarísimo que la política del gobierno en materia comercial era desterrar la carrera de liberalización comercial que habían emprendido gobiernos anteriores y que estaba en boga en toda América Latina desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. La decisión gubernamental era perfectamente legítima porque ganó las elecciones con esta oferta de campaña y sería absurdo pedirle que haga otra cosa.
Pero una cosa es no querer firmar TLC y otra muy diferente es no avanzar en una política alternativa coherente y sistemática que permita a productores y exportadores tener certezas sobre sus compradores. No podemos seguir -tres años después- diciendo que no estamos de acuerdo con algo, pero sin proponer y mejor aún, tener los textos listos de lo que sí queremos. Esto es lo que precisamente pasa con la Unión Europea.
El Ecuador contribuyó para que se rompa la negociación en bloque, en noviembre del 2008, precisamente porque no fue capaz de decir claramente que quería proponer y qué es lo que realmente no iba a negociar, es decir su línea roja. Ganaron tiempo con la disputa del banano, porque al gobierno le dio la excusa perfecta para decir que “mientras no se resuelva lo del banano en la OMC, no negociarían”.
Al final, el Ecuador consiguió solamente que su caja de banano tenga más penalidad para entrar a la UE, que países como Colombia. Luego vino otra excusa: Propiedad Intelectual, Compras Públicas y Servicios (en la parte de sectores estratégicos), pero aún en estos tres temas la UE no tiene claro cuáles son los textos alternativos que plantea el Ecuador.
La paradoja es que la UE ha mostrado apertura para negociar estos puntos con el Ecuador, pero nada, han pasado meses, meses y más meses sin que exista claridad sobre la negociación misma.
Pero esto no es todo, con EE.UU. pasa la misma cosa. Anunciamos pomposamente un proceso de negociaciones para un Acuerdo de Comercio y Desarrollo con ellos, pero el Departamento de Estado no tiene en sus manos ninguna propuesta de texto ecuatoriano, más allá de algunos bosquejos, punteos y Power Point. Aún si nos la rechazaban, el presentar nuestro propio acuerdo sería ya un hito en las relaciones asimétricas Norte –Sur. Pero nada.
Después de tres años de esta deriva, de cuatro o cinco viceministros del ramo, de apenas 30 personas manejando este tema, cuando en la triste era neoliberal trabajaban más de 100 personas haciendo lo mismo, solo hay dos posibilidades: o hay un serio problema de gestión institucional relacionada al comercio o, realmente no hay ningún interés político en el comercio a secas y consideran que es políticamente incorrecto decirlo sin ambages. Es increíble que haya sido tan difícil pasar de la crítica a la acción.