Walter Spurrier

Comercio administrado

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4 de March de 2014 00:01

Las normas técnicas "obligatorias y emergentes" del Inen vigentes desde diciembre comenzaron a dar efecto. En enero se habrían reducido las importaciones de los productos normados en unos USD 100 millones en relación con enero 2012.

La medida tiene triple propósito. Se busca a la vez sustituir importaciones y asegurar que los productos cumplan con requisitos más exigentes de seguridad y salubridad. El tercer propósito es reducir emergentemente el déficit de la balanza comercial, aunque hemos argumentado en esta página (enero 14) que no hay tal emergencia: el déficit se debe al ingreso de capitales vía deuda y vinculados a la inversión pública.

Tras las medidas está la realización del Presidente que durante siete años ha hecho una gran obra pública que impulsó el crecimiento económico, que toca que se dinamice la inversión privada, la cual debe darse debido a la mejor infraestructura física y a que el mercado interno ha crecido gracias a su política de distribución de los ingresos. El Jefe de Estado subestima el efecto de su discurso que deslegitimiza el rendimiento del capital así como algunas nuevas leyes que desprotegen al capital. Todo lo cual ahuyenta la inversión privada de largo plazo. Como no hay la suficiente inversión privada por decisión propia, el Presidente busca forzarla, estableciendo requisitos para importar bienes terminados e insumos imposibles de cumplir en corto plazo.

Entre los requisitos está la realización de pruebas de calidad por parte de entes especializados que no existen en el Ecuador. O como dijo el Embajador chileno, tampoco en su país.

El peligro inmediato es un desabastecimiento. Pero para evitarlo está la disposición de las autoridades a levantar tales restricciones selectivamente para embarques específicos: comercio administrado.

Para obtener tal alivio momentáneo, los importadores deben presentar un plan "voluntario" a las autoridades para reducir sus importaciones en una tercera parte. De esa manera, por ser "voluntaria" la reducción no constituye una cuota de importación.

Presentado así, parecería que el proceso es manejable. Pero no lo es. Las empresas firman los compromisos con el Ministerio de Industrias. Pero las normas son del Inen, y lo que la Aduana debe aplicar son las disposiciones del Inen publicadas en el Registro Oficial. Un telefonazo de Industrias no constituye base legal para permitir la desaduanización de mercadería.

Hoy las industrias están más preocupadas con desenredar la madeja que les permita tener acceso a sus insumos, que en el proceso productivo. Esto afectará la productividad.

Las autoridades deberían repensar el camino mediante el cual quieren promover la sustitución de importaciones. Aunque no sea de su agrado se requiere más mercado y menos regulación.