Me da la impresión de que en el caso de la revista Vanguardia hay bastante ‘show off’ de parte y parte, pues por un lado, para embargar las computadoras de la empresa editora de dicha revista (debieron embargar sus muebles y no sus herramientas de trabajo) no se requería de los policías de élite que intervinieron en ese acto -pero comprendo que ello fue una especie de amedrentamiento político, para todos los medios de comunicación colectiva que son considerados como opositores al Gobierno, lo cual es criticable- pero por otro, me cuesta trabajo pensar que los redactores de esa revista no hayan guardado copia de la información que reposaba en los discos duros de sus computadoras, en los cuales reposa información sobre sus investigaciones, aunque acepto que eso es posible.
Confieso que no puedo entender cómo la empresa Editorial Gran Tauro, dueña de esa revista, no pagó la renta por el inmueble que ocupa, durante más de un año, pues si esta tenía dudas sobre quién era su verdadero dueño, debió consignar en uno de los juzgados de Inquilinato de Quito el valor total de los cánones adeudados. Por lo demás, si es verídica la carta enviada por correo electrónico por la señorita Yagual, de la revista Vanguardia, está claro que esta no iba a circular el domingo 26 de diciembre, por lo que no cabe que se argumente que ello no se hizo, debido a que sus computadoras fueron embargadas.
La jurisdicción coactiva que tenía la AGD pasó al Ministerio de Finanzas y ahora último, a una unidad especial del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, por lo que en mi opinión, esa Unidad puede proceder a embargar rápidamente los bienes de sus deudores.
Bien ha hecho el juez Ángel Rubio en ordenar que se les entreguen a los ejecutivos de la revista Vanguardia, copia de los discos duros de las computadoras embargadas, lo cual hasta el día que escribí este artículo, no se ha hecho.
Concuerdo con Simón Pachano, quien sostiene que los directivos de esa revista fueron unos ingenuos al no percatarse del riesgo que corrían al no pagar la renta de un inmueble que está en manos estatales y que es una falta de pulcritud por decir lo menos, el no haber pagado ese alquiler.
Coincido con aquellos que piensan que la acción de desalojo fue desproporcionada.
No sé si esta es una retaliación del Gobierno ante una publicación sobre el manejo de las cuentas de altos funcionarios del Estado, como acabo de leer en un diario, pero es evidente que el caso de Vanguardia no fue un simple problema de inquilinato, sino que tuvo un matiz político, con el probable objeto de sentar un precedente: todo aquel que ataque al Gobierno que se atenga a las consecuencias, y más aún, si es deudor del Fisco.
En el caso de Vanguardia, “se le ha dado de comer al hambriento”.
Deseo que el 2011 sea un mejor año para todos.