Las fuerzas bolivarianas como con desesperación y con sus máximos comandantes, Hugo Chávez y Rafael Correa, a la cabeza, han salido a la caza de los herejes. Eso sí, obsérvese el detalle, actuando con base en decisiones judiciales sobre cuya “autonomía e independencia” nadie podría dudar.
En Venezuela, tras la masiva concurrencia –e inesperada para el chavismo- de votantes para elegir el candidato de oposición al oficialismo le vino el temblor y comenzó a “ensuciar” el partido de inmediato. Pidió las actas, las que se sabía de antemano que una vez escrutadas por razones de seguridad se iban a quemar. Esa era la garantía que se les dio a los venezolanos de que efectivamente su voto iba a ser secreto y que no iba a pasar lo que ocurrió en el 2004 cuando las firmas a favor del referendo revocatorio de Chávez fueron utilizados para que muchos de los firmantes perdieran sus empleos y otros fueran perseguidos. Esto es, se les aseguraba que esta vez no iban a pasar a las “listas negras” del chavismo.
Chávez se quedó con las ganas de tener las nóminas, pero fustigó al candidato opositor por desconocer la orden del Tribunal Superior de Justicia; -nada menos-, lo acusó de ser representante del imperialismo y dijo que lo derrotará en las elecciones. Añadió algo que suena a redundancia o despierta a suspicacias: dijo que respetará el resultado de las urnas y emplazó a la oposición para que actúe de la misma manera. En una democracia que funciona en serio esa aclaración está demás. En Venezuela, en tanto, el único que ha hablado de no respetar el resultado si pierde Chávez, es su actual Ministro de Defensa.
En Ecuador , mientras, se acaba de cumplir un nuevo capítulo de uno de los mayores atentados a la libertad de expresión y al derecho a la información consumado a través del juicio que el presidente Correa entabló al diario El Universo de Guayaquil, cuyo resultado se resume en USD 40 millones para el propio Presidente y la cárcel para tres directores y un editorialista del diario.
En las últimas horas, un nuevo tribunal ratificó esa sentencia, al tiempo que se supo, según lo denunciado por una jueza que actuó en el caso y que huyó de Ecuador, que dicha sentencia fue redactada por el abogado patrocinante de Correa, quien además habría ofrecido al juez que la firmara USD 750 000.
Y mientras tanto el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, le abre las puertas y le ofrece trabajo al juez español Baltasar Garzón, pudiendo haberle hecho un ofrecimiento así a Emilio Palacio el editorialista de El Universo, quien ya hace meses tuvo que huir a EE.UU. por haber escrito que Correa inventó un intento de golpe de Estado y ordenó abrir fuego a discreción contra civiles.