Walter Spurrier

Crecer para arriba

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16 de junio de 2014 20:11

wspurrier@elcomercio.org

El Municipio de Quito anuncia que junto con los constructores pasará revista a las ordenanzas para reformar las que dificultan el desarrollo inmobiliario.

La expansión de la construcción estuvo tras el fuertísimo crecimiento económico en 2011, que se ha desacelerado en buena parte por normas que desalientan la actividad, y tomadas por un exagerado intento de proteger al cliente de los promotores inmobiliarios.

Una cosa es impedir prácticas inescrupulosas, otra que para impedir que haya perdedores y se constriña a una actividad productiva.

El reciente caso de presuntas estafas en inversiones por Internet ilustra lo imposible de impedir que personas se dejen llevar por el afán de hacer enormes ganancias de capital, sin considerar que tras una enorme ganancia potencial hay un riesgo de similar magnitud.
Los promotores inmobiliarios deben contar con las autorizaciones de los organismos competentes en regulación y control de uso de suelo y construcciones. Antes de estas normas, que datan de 2013, los constructores podían vender las viviendas en planos; con estas normas se retrasa varios meses el que los constructores tengan acceso a los fondos de los clientes, lo que deja fuera del negocio los promotores con poco capital.

Hace un mes en una sabatina el Presidente se refirió a estas resoluciones y dispuso su modificación. Hoy le toca el turno al Municipio.

Una Ordenanza, justificada quizá cuando se la adoptó a mediados de la década pasada, pero obsoleta hoy, dispone que “la declaratoria de propiedad horizontal y la autorización de esta materia surtirá efecto desde la fecha que se emita el certificado de conformidad de finalización del proceso constructivo”.

Para obtener el certificado se deberá contar con las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas, y que estará totalmente terminada en caso de otros usos. También se requiere contar con el Permiso de Ocupación del Cuerpo de Bomberos, que se da luego de la inspección final. Con lo cual la cobranza solo puede iniciarse una vez terminada la obra.

Para que haya una vigorosa oferta inmobiliaria y precios competitivos, se requiere permitir la declaratoria de propiedad horizontal luego de una inspección parcial que certifique un porcentaje de avance de 70% de la obra.

A Quito le falta espacio y necesita crecer hacia arriba. Hasta hace muy poco, esta opción estaba limitada por los requerimientos de seguridad del aeropuerto. Hoy, lo que fue aeropuerto es parque, es oportunidad de convertirlo en el equivalente de Central Park, en Nueva York, un vasto parque en el centro de la ciudad con edificios altos en su perímetro.

Del diálogo del Municipio con los actores privados: promotores inmobiliarios, financistas y representantes de clientes, deben salir las ordenanzas que alcancen el justo equilibrio entre protección al cliente y facilidades al promotor.