Thalía Flores y Flores

Caen las máscaras

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La iconografía con la que la “revolución ciudadana” alimentó el relato de gobierno de manos limpias se ha derrumbado y hoy solo quedan despojos y nombres de altos funcionarios pillados en vergonzosos actos de impudicia y corrupción por los que algunos están siendo procesados, a pesar de que la Justicia, servil al poder, desestimó y archivó graves denuncias.

El informe de la deuda presentado por la Contraloría, que ha determinado indicios de responsabilidad penal en contra del ex presidente Correa, los ex ministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, entre otros funcionarios, prueba su menosprecio por las leyes y la democracia. Un problema que en el correísmo fue uno de cognición que derivó en totalitarismo. Veamos:

Cuando el porcentaje de la deuda se aproximó al 40% del PIB que permite la ley, a Correa no se le ocurrió otra cosa que emitir el Decreto 1218 para cambiar la fórmula de cálculo y seguir endeudándose. Como su gobierno era insaciable, usaran a Petroecuador para que consiguiera más dinero, e hicieron preventas petroleras que no contabilizaron como deuda.

Manipulación de cifras, ocultamiento de información con decretos que clasificaba los documentos como secretos fue el ardid de los sofistas del siglo XXI, que en materia de deuda le han dejado a los ecuatorianos una atroz herencia que los expertos estiman sería saldada en unos 20 años.

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, decía el libertador Simón Bolívar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición suspendió los concursos de jueces y fiscales que llevaba adelante el Consejo de la Judicatura. Su presidente, Julio César Trujillo, habló de “concursos mañosos en los que no confía nadie”. La suspensión fue anunciada tras conocer un informe de la Contraloría que señala que “el Consejo de la Judicatura ‘le metió mano’ a la Justicia”. Que en 2014, “otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación ni el cargo para el que postuló la persona elegible”. Y que se cambiaron reglamentos en mitad de los concursos. El informe está en la Fiscalía desde junio de 2016 pero no ha dicho ni pío. Su silencio suena a complicidad.

Los pueblos adhieren a la democracia cuando quienes ejercen el poder se someten a las leyes. Iván Espinel, detenido en su domicilio a la madrugada, acusado de presunto delito de lavado de activos, es la patética prueba del doble discurso. Como candidato a la Presidencia de la República propuso cortar la mano a los corruptos. Como ministro de Inclusión Social no pudo justificar la compra de una casa en Samborondón; mientras la Contraloría estableció glosas por presuntos perjuicios cuando fue funcionario del IESS.

Son apenas tres casos pero suficientes para mostrar el verdadero rostro de los “revolucionarios” a los que se les ha caído la máscara.