Enrique Ayala Mora

Persecución

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Las cosas están bien claras en este país y en cualquier lugar del mundo. Un gobierno de izquierda no intenta destruir las organizaciones sociales. Un gobierno democrático no persigue al pueblo organizado. Son los regímenes autoritarios, los caudillos, las dictaduras, los promotores del capitalismo salvaje quienes lo hacen.

En la historia y la realidad reciente de América Latina nadie ha visto a Lula, Tabaré Vázquez, José Mujica o Evo Morales agrediendo o dividiendo a los sindicatos, a las organizaciones gremiales, indígenas o movimientos sociales. Al contrario, han tratado de gobernar contando con ellos; dialogando cuando han surgido discrepancias, superando diferencias e impulsando el proceso organizativo popular.

El correísmo, en cambio, se ha embarcado ya desde hace algunos años en una política de acoso, injerencias, presiones y promoción del divisionismo de las organizaciones sociales. No se trata de actos aislados, quizá consecuencia de un malentendido puntual o del mal genio del presidente, sino de una postura sistemática y sostenida, manejada por funcionarios públicos que actúan en forma coordinada.

Ahora le ha tocado el turno a la Conaie, que en sus casi tres décadas de vida es reconocida en el país y fuera de él como una gran institución nacional. Tuve el privilegio de formar parte de la mesa de honor el día en que se fundó la Conaie y desde entonces la he acompañado con militante solidaridad. Por ello, me uno ahora a la generalizada protesta por el acto de persecución de que ha sido objeto.

Cientos de entidades funcionan en espacios públicos cedidos por el gobierno central o las municipalidades. El que una organización representativa de la sociedad ocupe para su funcionamiento un inmueble del Estado es un derecho, no una concesión graciosa. Al organismo nacional indígena anterior a la Conaie se le asignó un local del Ministerio de Bienestar Social, que ha conservado hasta ahora. Ninguna administración anterior, ni las de derecha a las que la organización combatió, se atrevieron a desalojarla. Respetaron ese compromiso público.

Pero el gobierno correísta ha resuelto sacar a la Conaie de su local con un pretexto que nadie cree. Es evidente que se trata de un acto de presión y persecución, dirigido por personas que en el pasado se decían cercanas a la Conaie y hasta responsabilizan al movimiento indígena el haber servido en puestos claves a la administración Gutiérrez.

A estas alturas resulta inoficioso pedir rectificaciones al Gobierno. El proceso ya está dado. Tenemos un régimen caudillista y autoritario al que solo parará la movilización, la acción coordinada de los movimientos sociales. Si a la Conaie le mandan a la calle, desde allí va a enfrentar al correísmo en medio de una reacción popular general que cada vez cobra más fuerza.