El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha llegado a un acuerdo con los jefes guerrilleros de las FARC. Al inicio de las negociaciones se estableció como principio que nada se consideraría acordado hasta que todo esté acordado. Ha llegado la hora de la gran verdad de los acuerdos aunque muchos de los puntos más conflictivos ya los habían hecho conocer y ya habían provocado la polarización de la sociedad colombiana. La paz quieren todos, pero no hay acuerdo sobre la forma de conseguirla y el precio a pagar por ella.
La Corte Constitucional ha dado vía libre a la convocatoria de un plebiscito para que el pueblo se pronuncie sobre los acuerdos. Todavía no hay una fecha para su realización pero ya se inició la campaña a favor y en contra, al estilo latinoamericano, con la división del país en dos bandos contrapuestos que no se ponen de acuerdo ni siquiera en la pregunta que se planteará a los electores. Al gobierno le gustaría preguntar a los colombianos si quieren la continuación de la guerra o la paz, pero la Corte ha advertido que la decisión no es entre la guerra y la paz sino entre aceptar o no aceptar los acuerdos negociados entre el Presidente y los jefes guerrilleros.
Los partidarios de la negociación creen que el Sí en el plebiscito pondrá fin a una guerra que ha durado 50 años; que la sociedad colombiana iniciará el proceso de reconciliación y la institucionalidad se impondrá a nivel nacional; que la economía tendrá un efecto doble por el ahorro en los gastos de guerra y la recuperación de tierras agrícolas; que crecerá el turismo y mejorará la imagen del país. La firma del acuerdo de paz le convertirá al presidente Santos en el gran pacificador.
Los adversarios del proceso no se resignan a una negociación llevada a cabo en Cuba, apadrinada por Venezuela, que se inició sin el cese de actividades armadas de las FARC. Consideran que la oferta de impunidad ha fomentado el crecimiento de grupos delictivos y de la propia guerrilla que ha pasado de 6.800 miembros a 17.000; que el área de cultivos de droga ha pasado de 43.000 hectáreas a 159.000; que el otro grupo guerrillero, el ELN, ha recuperado su capacidad criminal y que la tiranía de Venezuela lo utiliza para chantajear al gobierno colombiano.
Presionado por ambos extremos, el pueblo colombiano va, de acuerdo con las encuestas, de un lado a otro. El último sondeo publicado ayer le da tres puntos de ventaja a Sí, pero dos días antes había un empate.
Las consecuencias de la firma del acuerdo de paz y su ratificación o rechazo en las urnas, tendrá consecuencias definitivas para Colombia, pero afectará también a los países vecinos, especialmente a nosotros que tenemos buenas razones para estar preocupados; más ahora que aparece un cargamento de armas chinas que todavía no sabemos quién pidió, al amparo de qué convenio o contrato y con qué propósito.