Marcelo Ortiz

Valla para ingresar a la Universidad

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Nunca antes se había intervenido en la enseñanza de nivel medio; esto es, en las decisiones de la educación secundaria, para prevenir o anticipar condiciones de ingreso a la universidad. Siempre se respetó el sistema de educación secundaria para que culminen sus estudios y obtengan el título de bachiller, con el cual se lograba la matrícula de ingreso a una carrera universitaria, siempre que se hubiesen cumplido todos los requisitos exigidos.

Pero actualmente, el Ministerio de Educación desbordando su misión exclusiva que es la de proporcionar conocimientos suficientes para que el joven titulado como Bachiller presente su título, rinda las pruebas que cada Universidad, con absoluta autonomía las planifica, para que pueda matricularse en ese nivel superior o terciario de carácter profesional; en cambio ahora, como innovación tal vez dejada por la revolución ciudadana, se convocará a alumnos del tercer año de bachillerato, que todavía no tienen ni edad, ni han completado la etapa de conocimientos en los colegios de segundo nivel, para rendir pruebas como postulantes a estudiar en la carrera universitaria previamente escogida.

Se da una cifra de 292.728, de los cuales 127.477 son apenas cursantes de tercero de bachillerato, y se agregarían a los 165.251 bachilleres de años anteriores. Se incorpora además otro requisito: rendir una prueba que estiman durará más de tres horas para calificar el nivel de conocimientos. Por eso, es absurda la convocatoria a quienes tienen apenas la expectativa de obtener el título, a rendir pruebas, sin que hayan cubierto el elemento básico: el título que permita hacerlo, previamente a solicitar y luego a obtener matrícula.

La pregunta que surge es: si los 165.251 ya tienen su título cómo pueden situarse en el mismo nivel de los 127.477 que cursan el tercer año; esto es, a la mitad de conocimientos de quienes ya poseen el título de Bachiller que les permitirá postularse para sus estudios específicos del nivel profesional escogido.

Ante estos planteamientos inconvenientes del Ministerio de Educación deben, de modo urgente, los Consejos Universitarios de cada centro de estudios superiores solicitar la suspensión de su trámite administrativo, y pedir el inmediato archivo, como único camino de defensa de la autonomía universitaria, no solamente para administrar sus presupuestos anuales, sino en lo más determinante que es el nivel científico-académico como doctrina instaurada hace cien años en la Universidad de Córdoba-Argentina, y practicada en todos los países de América Latina, incluido Brasil, con magníficos resultados.

Y si este elemento resolutivo no se pudiera lograr, una iniciativa correctora proveniente del gobierno actual, puede suspender el trámite en beneficio de la juventud ecuatoriana que será, en último término ,quien disfrutará de este triunfo académico.