Ningún seguro es seguro

Todos los ciudadanos, y más los que pagamos impuestos, tenemos derecho a los servicios médicos del sistema público de salud, desgraciadamente no funciona bien, no alcanza para todos y puede resultar “peligroso para la salud”. Recuerdo del amigo a quien le practicaron una cirugía en un hospital público y, advirtiendo que en lugar de mejorar empeoraba, tuvo que acudir de urgencia a una clínica privada, ubicada frente al hospital, donde le practicaron una nueva cirugía para corregir la cirugía. Quedaba claro que este sistema de salud no era seguro.

Por suerte, una gran parte de los ciudadanos, tenemos otro sistema de seguridad que pagamos obligatoriamente y nos ofrece también servicios de salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No era tan malo, aunque tardaba mucho en dar turnos y las enfermedades no suelen esperar.

Llegó la revolución ciudadana y decidió que el IESS tenía demasiado dinero y se lo llevó prestado, luego le quitó mil millones anuales que debía tomar de los impuestos para pagar pensiones a los jubilados, finalmente designó un Presidente del Directorio que se ganó el trofeo de los pioneros: fue el primero en contratar un crédito en lugar de hacer inversiones y préstamos, el primero en tomar el dinero de las pensiones para tapar el déficit de los servicios de salud y el primero en número de empleados contratados. Ya era solo cuestión de tiempo, decían los actuarios, para que el IESS subiera la cotización de las pensiones o dejara de prestar los servicios.

Había un tercer proveedor de servicios de salud para asegurar atención cuando llegáramos a necesitarla. La incapacidad de los servicios de salud pública y del IESS, fomentaron la aparición de servicios privados de salud a los que nos afiliamos casi medio millón de ecuatorianos pese a que debíamos pagar una vez más, primero como contribuyentes, después como afiliados y por tercera vez contratando servicios privados de salud.

La revolución ciudadana acaba de arruinar también este tercer sistema al dictar una ley que obliga a las empresas privadas proveedoras de salud, entre otras cosas, a pagar por sus afiliados si son atendidos en el sistema público o en el sistema del IESS. El primer resultado ha sido la suspensión de los seguros corporativos y el resultado final será el incremento del valor de la primas en este sistema.

Las empresas de medicina prepagada sostienen que sus utilidades son de 18 millones al año y el costo que incrementa la nueva ley llegaría a 70 millones. No serían viables las empresas.

No importa cómo se venda la ley, la verdad que sospechamos los ciudadanos es que los sistemas de salud que administra el Estado necesitan más dinero y solo puede salir de los ciudadanos, aunque tengamos que pagar tres veces y el servicio siga siendo inseguro. Hemos llegado a la deprimente conclusión de que ningún seguro es seguro.

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