Sebastián Mantilla

OEA, grave error

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Un hecho insólito acaba de ocurrir en la región. La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Costa Rica, la aplicación de “medidas provisionales” en contra del Estado ecuatoriano por la aprobación de la tercera pregunta en la consulta popular realizada el pasado 4 de febrero.

Este pedido se dio a favor de tres de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por considerar que, ante el inminente cese de funciones de estos funcionarios, se estarían violando sus derechos.

Y aunque este pedido ha sido desechado por la Corte, llama la atención el modo en que ha procedido la CIDH. Ha sido de manera apresurada, sesgada y sin seguir los procedimientos legales fijados para estos casos.
La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, hizo bien en “llamar a consultas” a nuestro representante ante la OEA y manifestar su inconformidad de lo actuado por la CIDH, la cual calificó como “incomprensible, poco ética y contrario a los procedimientos legales”.

En el mes de diciembre, el expresidente Rafael Correa, en un afán de bloquear la consulta popular, presentó un reclamo formal ante la OEA, aduciendo que no se había cumplido con los pasos legales pertinentes. No obstante, pese a que el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales da un plazo de 20 días para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los pedidos de un presidente para convocar a consultas populares, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, acogió el pedido de Correa.

A diferencia de lo que sucede en Venezuela, donde a vista y paciencia del secretario general de la OEA se siguen cometiendo abusos y atropellos, en Ecuador se está haciendo todo lo contrario. Por ello, la acción de la CIDH es lamentable y altamente politizada porque va en contra de una de las manifestaciones más democráticas: las consultas populares.

Si hablamos de vulneración de derechos y rompimiento del sistema democrático es justamente lo que ha significado para el Ecuador la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), así como el proceso de designación de sus miembros.

Lo que ha querido el presidente Lenín Moreno, al incluir en la consulta popular del pasado 4 de febrero, con el cese y reestructuración de los miembros del mal llamado Cpccs ha sido revertir lo realizado por el correísmo y, al contrario, dotarle al Ecuador de independencia de las funciones del Estado, de institucionalidad y de democracia. Es decir, optar por una vía institucional y popular para salir del despotismo, autoritarismo y de un régimen de corrupción generalizada.

Ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desestimado el pedido de la CIDH, esperemos que este grave error no se vuelva a cometer.