Miles de millones de dólares entran y salen de los asientos contables del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los funcionarios del Instituto y del gobierno se dan las vueltas y vuelven, una y otra vez, al mismo punto. Ya existía un oficio de Contraloría, dirigido al Presidente del Consejo Superior en el cual le decía con claridad que la deuda del Estado existe y le recordaba que su obligación era convocar al Consejo para aprobar los estados financieros incluyendo esa deuda.
La deuda había sido borrada pero no se sabía quién ordenó esa arbitrariedad; ahora que ya se conoce ese dato deberían establecerse las responsabilidades correspondientes. Para dar largas dijeron que habían pedido un nuevo informe de Contraloría y ya tienen en sus manos el nuevo dictamen; la deuda que los malos funcionarios consideraban “supuesta, inexistente, incuantificable e indeterminada” reapareció real, cuantificable y cuantificada en 2 878 millones de dólares.
Parecería resuelto el problema, pero no; los mismos funcionarios que hicieron desaparecer la deuda, ahora rezongan que no saben cómo la Contraloría ha llegado a cuantificarla y el ministerio de Finanzas que sólo debe decir cómo va a pagar, se atreve a cuestionar nuevamente su existencia al decir que tendría que “determinarse y analizarse si efectivamente existe o no esa deuda”. A la Contraloría le corresponde ahora probar que no está pintada en la pared.
Si con la deuda del IESS se ha producido esta danza de los millones, con razón no sorprende a nadie que hagan bailar a los trece millones de dólares que la empresa Odebrecht asegura que entregó al pariente de un alto funcionario para obtener un contrato. Ya deberíamos saber quién es el pariente y quién el alto funcionario, dónde está la plata, cómo se repartieron, cuánto encareció a la obra y cuándo devuelven lo robado. Han declarado secreto ese proceso y pretenden que creamos que van a combatir la corrupción.
A pesar de la lentitud con que se mueven las autoridades de control, fiscales y jueces, son numerosos los procesos y las investigaciones en curso. Hay casos por enriquecimiento ilícito, por delincuencia organizada, por lavado de activos, por cohecho, por perjurio y por peculado. Cada caso es una danza de millones que brillan y encandilan durante un tiempo y finalmente se desvanecen. Los culpables siempre salen a tiempo del país, nunca se recupera un centavo y el sufrido ciudadano termina pagando, además, el costo del enorme aparato administrativo y judicial.
La tromba de declaraciones con juramentos de inocencia, denuncias de retaliaciones, advertencias de golpes blandos y promesas de investigaciones del pasado, presente y futuro, solo incrementan la confusión y el pesimismo ciudadano que solía creer, pero ya no cree, que la justicia como el destino, aunque no tienen prisa, siempre llegan.