Mauricio Pozo Crespo

El lastre de la deuda

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Contratar deuda no es necesariamente malo. Inclusive, endeudarse es muchas veces necesario para financiar proyectos y puede ser un factor importante para el crecimiento económico. Así como las personas y las empresas se endeudan, los gobiernos y los estados hacen lo propio. Sin embargo, si las empresas y las personas contratan deuda para fines pocos productivos o lo hacen en condiciones desventajosas, es problema de esos actores, no se socializan esos errores. Algo muy distinto es cuando un funcionario público se endeuda en representación de un Estado, pues sus decisiones sí tienen impactos para toda la sociedad. Si la deuda contratada es en condiciones desfavorables, pues la economía y la sociedad entera se ven afectadas.

Hay principios básicos de cualquier endeudamiento público que deben ser precautelados con rigurosidad. Uno es contar con una instancia que autorice cualquier operación de deuda pública, donde los partícipes tengan representación del Gobierno pero también sean de fuera del Ejecutivo, como sería un Banco Central independiente. Antes de este Gobierno, el Banco Central emitía un informe técnico que pasaba a ser analizado por la Junta Monetaria donde se analizaba la conveniencia del endeudamiento, las condiciones financieras, el impacto en la economía, el efecto en la liquidez doméstica, las consecuencias para el mediano y largo plazo, etc.

Otro principio es que el destino de crédito permita que el Estado incremente su patrimonio, es decir, no se dirija a cubrir gastos corrientes. Un tercer factor es que si la operación de deuda es para cubrir deudas anteriores, las condiciones financieras de la nueva operación sean mejores que la anterior. Un cuarto principio es que el monto del endeudamiento guarde proporción con el crecimiento de la economía para evitar hipotecar el mediano y el pago plazo. Un quinto elemento es que la contratación de deuda sea pública y transparente para conocimiento de toda la sociedad. Lamentablemente, ninguno de estos requisitos, que deberían ser legales, se ha cumplido en este Gobierno.

La deuda externa ha crecido anualmente 3 a 4 veces por encima del crecimiento de la economía. El fenómeno es más evidente desde el 2009. El endeudamiento se ha contratado en condiciones onerosas, pues cerca del 50% del total de la deuda externa es a menos de 7 años plazo y con tasas superiores al 7% anual; no se conoce buena parte de los contratos de deuda externa, sobre todo lo atinente a ventas anticipadas de petróleo; el destino de varias operaciones de deuda se han dirigido a cubrir gastos corrientes del presupuesto fiscal; para efectos de cálculo del techo legal de endeudamiento público del 40% del PIB, no se registra toda la deuda interna y externa. El legado de deuda pública obligará el siguiente gobierno otra vez a reestructurar y refinanciar.

Columnista invitado