El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, acaba recibir un espaldarazo a su política de rechazo a la inmigración. La Corte Suprema, inicialmente opuesta a la entrada en vigencia de un polémico decreto que frenaba el ingreso a territorio estadounidense de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), ha terminado por aceptar parcialmente su aplicación.
¿En qué consiste este decreto? En impedir la entrada de personas de esos países que “no tengan relación o vínculo fiable (bona fide)” con ciudadanos o entidades de los Estados Unidos. Además, suspende por 120 días el programa de refugiados y paraliza durante 90 días la concesión de visados. Este decreto, según Trump, fue promulgado por razones de “seguridad nacional”, por la necesidad de establecer mayores controles y de anticiparse a la amenaza que representan estos seis países.
No obstante, más allá de los argumentos que ha exhibido el presidente norteamericano, se aprecia un profundo sesgo discriminatorio, una actitud intolerante y un claro rechazo a las personas provenientes de otros países. Durante la campaña se pudo apreciar la visión de Trump con respecto a los inmigrantes. No solo musulmanes sino incluso latinos. En el caso de los inmigrantes mexicanos los calificó de narcotraficantes y casi como principales responsables de los problemas de seguridad interna.
Por este motivo, no pueden verse todas estas acciones como aisladas. La deportación en días pasados de un poco más de 40 inmigrantes ecuatorianos se explica en este cambio de rumbo que ha dado el gobierno de Trump. Antes se deportaba a personas que representaban una amenaza a la seguridad nacional. Ahora esto se ha extendido a migrantes irregulares o sin papeles, como es el caso del estudiante ecuatoriano Diego Puma y su madre, Rosa Macancela.
Sí, hay una clara intención de romper con una política que ha mantenido por décadas los Estados Unidos de apertura al mundo y acogida ciudadanos de otros países. Pero lo que es lamentable es que este sesgo ideológico no permita identificar con claridad la causa de los problemas que tienen los estadounidenses, dejándose llevar por discursos populistas, simplistas, retrógrados y peligrosamente discriminatorios. En un ambiente así, no es extraño que los casos de violencia en contra de inmigrantes puedan aumentar.
En lo que respecta al gobierno del Ecuador no es suficiente que, a través de la cancillería y oficinas que tiene en los Estados Unidos, brinde asistencia legal y apoyo parcial a los ciudadanos que están siendo detenidos de manera arbitraria. El Estado debe garantizar los derechos de sus ciudadanos dentro y fuera del país. De ahí que las acciones a emprenderse deban ser mucho más oportunas y acertadas. Es en estos casos que el estilo de gobierno del nuevo presidente ecuatoriano debe también manifestarse.